Como un nuevo peligro para la democracia ha sido catalogada la aprobación de la modificación a la ley de garantías que impedía la contratación oficial en época electoral. Para varios congresistas y sectores de opinión esto implicará qué el gobierno podrá entregar contratos pensando en favorecer sus intereses para las elecciones del 2022.
Aunque la ley de garantías había sido sancionada cuándo existía la reelección presidencial, la contienda electoral del 2022 se presenta bajo un contexto en el que el partido de gobierno ha venido imponiendo a sus cercanos y amigos, tanto en órganos de control, cómo en cargos que obedecen al poder ejecutivo, el mismo poder legislativo y hasta el poder judicial con nombres que se barajan para ser elegidos como magistrados en altas cortes.
Para el senador Gustavo Bolívar está movida del gobierno Duque implicará qué la contienda electoral estará atravesada por la inyección de recursos del estado en sectores empresariales que favorecen al gobierno y que quieren impedir qué sectores cómo el pacto histórico los releven en el poder político por la vía electoral.
En este mismo sentido se manifestó la representante a la cámara Katherine Miranda y asegura que la eliminación de la ley de garantías desarticula instrumentos qué buscan evitar que se de en simultáneo un fraude contractual y un fraude electoral y también asegura que aumenta el riesgo de corrupción electoral compra de votos intimidación contractual.
Para el jurista Luis Guillermo Pérez es de destacar que frente a esta eliminación de la ley de garantías, el gobierno Duque y al propio presidente están demostrando su incoherencia dado que el mismo Duque se opuso con vehemencia a eliminar la ley de garantías cuando era congresista.
Los peligros de corrupción electoral en Colombia están a la orden del día y no hay Ley de Garantías
Otra de las irregularidades que se denuncia es que está posibilidad ley de garantías se da en el marco de la discusión de la ley de presupuesto con el argumento de que permitir la contratación en época electoral sería una manera de enfrentar los adversos efectos económicos de la pandemia, sin embargo algunos aseguran que este tipo de normas que protegen las elecciones deberían discutirse de manera pausada, fuera de otras discusiones generales
y no en época electoral.
Y es que los temores qué expresan varios sectores políticos y sociales pero en este nuevo panorama qué no impide la contratación estatal, no son para nada infundados pues la historia de las elecciones en Colombia ha estado atravesada por una cantidad considerable de diversas formas de corrupción y constreñimiento al elector.
Por lo menos en las últimas tres contiendas la Misión de Observación Electoral y otros organismos han denunciado la compra de votos, el trasteo de votantes, la modificación de las actas en los conteos manuales que desarrollan la registraduría, la intervención indebida en política por parte de funcionarios públicos, la falta de Claridad y rigurosidad en la vigilancia de la financiación a las campañas y el asesinato de candidatos a diversos escaños en las regiones colombianas.
Adicional a ello el pacto histórico ha presentado denuncias en torno a las compañías que manejarían los sistemas de cómputo de la registraduría dado que tienen antecedentes de contratos con el gobierno y hay serios cuestionamientos a nivel internacional.
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Habrá misión de Observación Electoral de la UE en Colombia
Debido a estos riesgos y las diversas denuncias por peligro de fraude en las próximas elecciones de 2022, varios de los congresistas del Pacto Histórico como Iván Cepeda y organizaciones sociales, pidieron a la Unión Europea que definiera una misión de observación del proceso electoral en Colombia.
La respuesta de la UE, luego de una evaluación de las condiciones de la democracia colombiana es que aprobaba la Misión y estará presente en la contienda electoral.
“fue consultada con el Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo el 21 de junio de 2021, con ocasión de la revisión intermedia de las prioridades electorales, y recibió el apoyo general de los diputados del Parlamento Europeo”
Respuesta del Parlamento Europeo a la sólicitud
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