El Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes en contra de la paz, en una sesión en Colombia que está programada para el 25 y 27 de marzo de 2021. La inauguración será de manera virtual el 26 de enero a las 8 am.
Para el contexto de esta sesión, las organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, de derechos humanos y políticas denunciarán el genocidio político, continuado y extendido que han tenido a lo largo de su existencia, los crímenes que ocurrieron luego del Acuerdo de Paz y la impunidad.
Esta será la sesión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos y la tercera en Colombia.
El primer Tribunal en Colombia se realizó en 1991 (sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina), después, en 2006-2008 se desarrolló la sesión sobre las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia y algunas experiencias locales como el Tribunal Internacional de Opinión de Barrancabermeja en 1999 y el juicio ético contra el despojo en Puerto Gaitán, Meta en 2014.
El Tribunal Permanente de los Pueblos fue fundado en 1979 y su actividad se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Esta institución promueve el respeto universal y efectivo de los derechos humanos fundamentales y de los pueblos.
También, examina los casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por los Estados, por autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas.
Uno de los casos que más se recuerda, es el genocidio político de los miembros del partido político Unión Patriótica (UP) y la persecución de la que fueron víctimas a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90.
Hay que aclarar que este genocidio, según el fallo de la Sala de Justicia y Paz, se refiere a la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas. Este caso, hasta el 2016 tuvo acusaciones por la sala de Justicia y Paz en contra de Éver Veloza, ex jefe paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Otro caso es la denuncia de la comunidad campesina de Caloto, Cauca, el 6 de junio de 2019 donde la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.
De igual forma, los asesinatos de las personas desmovilizadas de las FARC. Rafael Polindara, Alexander Saya Palacios y Enrique Sepúlveda, fueron asesinados, en la vereda La Laguna, Cauca; en Tumaco, Nariño y en Tierra Alta Córdoba, en junio del 2019. Sepúlveda aguardaba a que iniciara su proyecto productivo de la mano de la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN).
Le puede interesar: Las deficiencias del gobierno Duque según Human Right Watch
