En la rueda de prensa que tuvo lugar en la mañana del 19 de julio, los congresistas de oposición Iván Cepeda, Antonio Sanguino, María José Pizarro y Alexander López Maya presentaron el contenido del Proyecto de Ley de la reforma policial que se presentará este 20 de julio ante el congreso.
Este Proyecto de Ley, según como lo expresaban los senadores y representantes, se presentará dentro de un paquete legislativo que reestructurará la institución de la Policía y el cual será acompañado de los Proyectos de Ley que entregará el Comité Nacional de Paro.
También señalaron que esta reforma es necesaria y de carácter imperativo y no una reforma superficial y cosmética como la que presenta el Gobierno, aclarando que se deben cambiar muchos de sus procedimientos y doctrinas.
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El desmonte del ESMAD y la no competencia de la Justicia Penal Militar en los casos de los policías
En la primera parte, presentada por el senador Iván Cepeda, se aclararon los primeros puntos que contiene el paquete legislativo que pretende reformar estructuralmente a la institución de la policía.
Uno de los puntos fue el desmonte del ESMAD y su reemplazo por una unidad de mediación y de diálogo, puesto que, como lo explica Cepeda, esta extensión de la policía se ha convertido en un organismo que viola los derechos humanos de manera sistemática y generalizada.
Por estas razones se propone que las funciones que cumple el ESMAD las asuma la fuerza disponible de la Policía Nacional y la creación de una unidad especializada para el diálogo y la mediación en los casos donde se presenten hechos de confrontación o contradicción con los y las manifestantes.
Así mismo, con un acto legislativo, que viene dentro del Proyecto de Ley de reforma a la policía, propone que la Justicia Penal Militar deje de ser el organismo competente y deje de tener su ámbito de juzgamiento a miembros de la policía, ya que, como lo explicaron en la rueda de prensa, una justicia de carácter especializada no debería tratar estos casos y pasar esa función a la justicia ordinaria.
Esta propuesta pretende reformar el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, que según la representante María José Pizarro, busca la independencia necesaria al momento de la investigación en las violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH que cometan miembros de la Policía Nacional.
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El paso de la Policía Nacional al Ministerio del Interior
Otro de los puntos expuestos del contenido del paquete legislativo, fue la reforma de la Ley 62 de 1993, en la cual se expide las normas sobre la Policía Nacional y se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar a la policía, se crea una Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Lo que propone esta reforma a la Ley 62, es pasar la Policía al Ministerio del Interior con el propósito de que la Policía no pueda ejercer funciones propias de las fuerzas militares. Esta reforma se haría cumpliendo a las recomendaciones de las organizaciones internacionales.
Otro de los puntos que expuso de la reforma la representante María José Pizarro, fue prohibir y regular las tácticas y procesos policiales agresivos, fortalecer el control externo, impulsar el proceso de participación ciudadana, prohibir el uso de armas de fuego y no letales y restringir lo más posible la violencia en el actuar de los policías.
Uno de los puntos en el que más resaltó la representante, fue sobre los traslados por protección que ejercen los policías, donde la no regulación de estos mecanismos ha generado que se violen los derechos humanos.
Dentro de la reforma se propone que este mecanismo de traslados solo se use cuando no exista un pariente o allegado que pueda asumir la protección de la persona, cuando hayan personas deambulando en estado de indefensión o de grave alteración de su estado de conciencia por aspectos de orden mental o por bebidas alcohólicas y/o sustancia alucinógenas y cuando el traslado sea la única forma de evitar el riesgo de la persona y la integridad de otros.
Otro punto que expuso Pizarro fue la formación de los miembros de la policía, donde la reforma planteada por los congresistas de oposición, propone que haya una educación enfocada a los derechos humanos, cultura cívica, ciudadana y el respeto recíproco entre las personas y hacia la institución.
Por esta razón, la reforma expone que la Defensoría del Pueblo en coordinación con el Ministerio del Interior y de Educación revisen y aprueben estos planes de formación en materia de derechos humanos, democracia y paz hacia la Policía Nacional.
Así mismo, se propone crear una auditoría adscrita Defensoría, que reciba las denuncias de las y los ciudadanos de abusos y delitos cometidos por miembros de la policía, con la que se creará un registro nacional de faltas de la policía, esto con el propósito de que la población pueda ejercer un seguimiento a las denuncias ciudadanas.
Así mismo, se subraya la creación de la Comisión Especial para el proceso de curación y transformación de la Policía Nacional, que debe ser presidida por la PGN, donde pueda evaluar y estudiar la trayectoria de los miembros de la Policía Nacional y después del análisis pueda optar medidas sobre la relación laboral de cualquier miembro de la institución.
Por último, la reforma propone una Comisión Nacional de Policía y de Participación Ciudadana como un mecanismo encargado de orientar y fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, la policía y las autoridades administrativas.
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Modificación de ascensos de miembros de la policía
En la última parte de la presentación del Proyecto de Ley, Antonio Sanguino expuso la reforma a los ascensos de miembros de la policía, donde explicó el grave problema estructural de este proceso, donde se han ascendido tanto a militares como policías, aún cuando estos tienen procesos judiciales o investigaciones en curso.
Por eso mismo, esta reforma busca establecer una regulación del sistema de ascensos de los miembros de la fuerza pública, donde se valoren las aptitudes para el ascenso al empleo superior y el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y al DIH.
Así mismo, se busca suspender los ascensos de aquellos que estén vinculados formalmente a sentencias judiciales o investigaciones en la Justicia Penal Militar o en la justicia ordinaria.
Con estos lineamientos, también se recalca que se creará un mecanismo de participación ciudadana y transparencia en el trámite de los ascensos, mediante la realización obligatoria de audiencias públicas y la publicación de la información de los ascensos para que permita que solo sea por mérito.
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