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El Paro Nacional lleva seis días de desarrollo en medio de movilizaciones masivas en distintas ciudades de Colombia que contrastan con la poca disposición del Gobierno de sugerir cambios trascendentales en el «Gran Diálogo Nacional» mientras las exigencias presentadas por las organizaciones trabajadoras, estudiantiles y ciudadanas son cada vez mayores, intensificadas por el uso desmedido de la Fuerza Pública.
Para Alirio Uribe Muñoz, vocero y representante de organizaciones de Derechos Humanos, ante la insistencia del presidente Duque de reunirse con gobernadores locales y regionales se ha “dilatado el diálogo en otras cuestiones, omitiendo el motivo del problema. Es totalmente absurdo el diálogo inútil que está planteando el gobierno, no son los alcaldes ni los gobernadores los que están en la protesta. Ellos no representan el paro”.
Al reunirse con los distintos mandatarios locales a nivel nacional y en pleno desarrollo del Paro Nacional, Duque dejó por fuera a las personas “que están realmente en las calles”, dando prioridad a otros asuntos de orden político que urgen de menor atención en comparación al Paro Nacional en desarrollo.
“Los empresarios no son los que están en la calle” —enfatiza Alirio Uribe— lo que nosotros proponemos es una mesa de paro ampliada. Nos parece limitante el Consejo Nacional del Paro frente a todo lo que la gente está pidiendo en las calles, se requiere un diálogo real. El gobierno no puede decidir cuáles son los temas, cuál es la metodología, cuáles son los plazos, sino que se tiene que sentar primero a escuchar”. (Le puede interesar: Paro Nacional: una expresión ciudadana de contundente movilización).
Dentro de esta tensa situación, el presidente Iván Duque designó a Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) como intermediario entre el gobierno y el Consejo Nacional del Paro. La primera reunión entre las partes se dio el martes 26 de noviembre pero no tuvo ningún acuerdo entre las partes.
Los grandes temas del Paro
Debido al gran pliego de reclamos por parte de la ciudadanía hacia el gobierno de Iván Duque, las demandas sociales son muchas y algunas se hacen evidentes. Por ejemplo, “hay unos temas que son globales como lo es el derecho a la vida, que tiene que ver con el asesinato de los líderes sociales, el abuso del Escuadrón Móvil Antidisturbios ( ESMAD) o la represión policial», expresa Uribe Muñoz.
El otro gran tema es el tema de la paz, ya que está directamente relacionado con lo que está sucediendo en el departamento del Cauca. “Buena parte de la responsabilidad de lo que sucede allí en materia de cultivos de uso ilícito tiene que ver con los incumplimientos del Acuerdo de Paz en el punto 1, sobre la Reforma Rural Integral, y en el punto 4, correspondiente a la política antidrogas, unido a las políticas de sustitución que no se están cumpliendo, llevando a cabo herramientas como la erradicación forzada vía glifosato».
Junto a estos dos temas principales, se agrupan otros dentro de lo que Uribe Muñoz llama temas DESCA, es decir, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vulnerados dentro del “paquetazo de Duque”. Estos se refieren específicamente a “temas de educación superior, salud, pensión, temas ambientales del agua, fracking” y así sucesivamente. Nosotros creemos, y por eso sacamos el comunicado como cumbre Agraria, Campesina y Popular, en el respaldo a las jornadas de movilización del paro y rechazamos todo tipo de violencia, esperando que Duque inicie un diálogo realmente útil”.
Debido a la presión realizada por las continuas manifestaciones presentadas a lo largo del territorio nacional, “la protesta, la movilización y los cacerolazos han cambiado la agenda política del país y el presidente no puede utilizar el paro para seguir manejando su agenda de Paz con Legalidad y demás inventos del gobierno. Si sigue por ahí va incentivar más la movilización y no vamos a llegar a ningún acuerdo.
Bajo la situación actual, “el gobierno no puede seguir en un autismo político de no escuchar, creyendo que pueden hacer consejos comunitarios a nivel territorial en el orden que él quiera, buscando apagar las protestas y deslegitimar a los ciudadanos”.
El miedo como estrategia de dispersión
La noche del viernes 22 de diciembre, en el segundo día del Paro Nacional, cundió el pánico en la ciudad de Bogotá. “Más de 850 personas fueron detenidas en Bogotá en el contexto de la declaratoria del Toque de Queda, generando hechos de vandalismo. Hay responsabilidades concretas del alcalde y también de la Fuerza Pública con las infiltraciones y todo lo que ha pasado. El procurador no ha investigado de manera seria, tampoco la Fiscalía y el país merece una explicación de tanta violencia en el marco de las protestas”.
De igual forma, la muerte del estudiante de secundaria Dilan Cruz ha atizado las protestas, donde manifestantes exigen respeto por la vida y la exclusión de la fuerza pública en las calles. Han sido muchos los “casos de heridos, mutilados, jóvenes afectados y una fuerza pública que actúa con la intencionalidad de herirlos.
Para Alirio Uribe, la solución a los brotes de violencia dentro de las marchas se puede solucionar sacando al ESMAD de las mismas, ya que hace un llamado “a que se respete la protesta pacífica, porque creemos que si sacan el ESMAD de las protestas las marchas no degeneraran en situaciones de violencia. Es más eficaz sacarlos de las protestas que llevarlos a la calle”. (Le puede interesar: Allanamientos a colectivos y jóvenes promotores del Paro Nacional).
Otra problemática del miedo generado por acciones reprochables de la Fuerza Pública y decisiones como el toque de queda del viernes pasado, es la intensificación de la xenofobia hacía la comunidad venezolana en todo el territorio nacional, donde Duque “no ha avanzado en mayor medida hacia una solución”.
A pesar de todas estas situaciones “la extrema derecha ha sido derrotada por la cacerola, no nos hemos dejado atemorizar. La gente entiende que la violencia ha venido más del Estado que de los manifestantes, resaltando la necesidad del cumpliento de los protocolos del 11/90 sobre la protesta social, no militarizar las marchas, no ejercer una fuerza invasora por parte del Ejército y la Policía.
“Estoy en conversaciones con muchísimos sectores y organizaciones para mirar cómo se ordena la agenda —explica Alirio Uribe—. El gobierno es débil y sordo, necesitamos establecer diálogos ágiles, eficaces. Como lo dijo la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López “Ni los alcaldes, ni las centrales obreras, mucho menos las ONGs, representan a quienes están en las calles” y es por eso que hay que reconocer los procesos sociales de los jóvenes, estudiantes, mujeres e indígenas. Esa mesa de negociación ampliada tiene que ser un espacio fuerte para poder trancar todas esas demandas sociales”.
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