El Consejo de Estado al resolver las 22 acciones de tutela en contra de la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que dictaba la suspensión de las manifestaciones en el marco del paro nacional, concluyó que los límites de los derechos fundamentales, como las manifestaciones pacíficas, solo pueden ser establecidos por el legislador.
En otras palabras, esta decisión le da la razón a los tutelantes, aclarando que por los decretos o decisiones judiciales no se pueden limitar las manifestaciones pacíficas.
Por eso mismo, los abogados Arboleda y Molano expresaron que las restricciones que impuso el Ministro del Interior, Daniel Palacios, en el cual dictaba que no constituyen como manifestaciones pacíficas las que obstaculicen temporal o permanentemente vías o infraestructuras, son abiertamente contrarias a la Constitución y al derecho internacional, por lo que son decisiones que atentan contra derechos fundamentales y son contrarias a la ley.
Así mismo, aclara que las medidas tomadas no pueden ejecutarse, ya que se violan varios derechos fundamentales que van correlacionados, como lo son el derecho a la reunión y a las manifestaciones pacíficas, que se juntan con el derecho a la libertad de expresión, de asociación y participación, y por eso mismo es inconstitucional restringirlos.
El Consejo de Estado aclara que es necesario hacer un pronunciamiento de fondo, con el fin de proteger los derechos fundamentales que están siendo afectados por estas decisiones y tomar medidas para que estas vulneraciones no se repitan.
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Las exigencias del Consejo de Estado
El Consejo de Estado ha conminado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que cumpla la no repetición, ni vuelva a incurrir en estas decisiones, como una medida de prevención.
Los abogados Sergio Arboleda y Jorge Molano, promotores de la acción en contra de las decisiones tomadas por el Tribunal, solicitan a la Fiscalía General de la Nación abrir investigaciones en contra de la Magistrada, Nelly Villamizar, quien tuvo una forma contraria a la ley, ordenando suspender las manifestaciones.
Así mismo, los abogados aclararon que: «quienes atacan abusivamente los derechos humanos, no pueden ser protegidos por la ley”.
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