Este 30 de enero Colombia conocerá el fallo de la Corte Interamericana de derechos Humanos (IDH) sobre el genocidio de la Unión Patriótica (UP) con el cual, el Estado colombiano podría estar obligado a realizar reparación a las víctimas, quienes también están pidiendo reparación política. La Comisión de Justicia y Paz lleva el caso de la familia Díaz Mancilla.
Por Carolina Toro Leyva
Bogotá. Este 30 de enero Colombia conocerá el fallo de la Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH) sobre el genocidio de la Unión Patriótica (UP), que podría sentar un precedente histórico por ser el primer caso juzgado de exterminio que se presenta en un contexto democrático y no de dictaduras militares.
La deliberación del caso por parte de la corte IDH se llevó a cabo luego de que los denunciantes reclamaran que, ante el exterminio de la UP y la violación de los derechos humanos, el Estado violó, los derechos a las garantías judiciales, a la honra y a la dignidad de los integrantes de la Unión Patriótica.
“Las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del caso habrían sido incipientes e insuficientes, y no habrían logrado proveer, ni a los sobrevivientes, ni a los familiares de los fallecidos, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio contra los integrantes y militantes de la UP”, señaló en ese entonces la Corte IDH
Se estima que el genocidio de la Unión Patriótica involucra a cerca de 6.500 víctimas, no obstante, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró 2.000 víctimas más, por lo que en total serían cerca de 9.000 víctimas. Según la información recogida por la CIDH, el exterminio de la UP habría sido perpetrado “tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la alegada tolerancia y aquiescencia de aquellos”.
Según la congresista por el Pacto Histórico, Jahel Quiroga, en entrevista con Blu Radio, las víctimas también están pidiendo reparación política. “(…) Aquí se exterminó un partido político y surge el derecho a una reparación política y en ese sentido hemos pedido la devolución de las curules porque fueron ocho congresistas asesinados en ejercicio de su cargo, sólo pedimos a ese nivel, no pedimos ni Diputados, ni Alcaldes, ni Concejales”.
Entre los congresistas de la UP que fueron asesinados durante el ejercicio de su cargo, están: Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara por Santander; el senador Pedro Nel Jiménez; Pedro Luis Valencia Giraldo, representante a la Cámara por Antioquia; Octavio Vargas Cuéllar, representante a la Cámara por Guaviare; Henry Millán González, representante a la Cámara por Caquetá; Octavio Sarmiento Bohórquez, representante a la Cámara por Arauca, y Manuel Cepeda Vargas, último senador electo por la Unión Patriótica.
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