Foto: COCCAM
Pese a las solicitudes y tutelas interpuestas para detener las incursiones del Ejército en los territorios para ejecutar labores de erradicación forzada, el Gobierno sigue, en medio de la pandemia, realizando acciones que vulneran múltiples derechos de las comunidades.
Ante esto organizaciones nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos y ambientales, hicieron un llamado para que se detuvieran los procesos de erradicación forzada y a que se cumpla lo pactado en el Plan de Sustitución y se detenga la militarización de los territorios.
Sin embargo a pesar de ello cada vez son más frecuentes los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa de las llamadas «rutas del narcotráfico»; y las movilizaciones de las comunidades para que pare la violencia en su territorio, acción que responden con más violencia las tropas del Ejército.
En Otra Mirada, hablamos con Deivin Hurtado, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM); quien explicó el estado de la sustitución voluntaria en Colombia a la luz de tres factores de riesgo.
Accionar del Ejército en contra de la sustitución voluntaria
El 16 de marzo unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano, realizaban acciones de erradicación en Sardinata, Santander. La comunidad se organizó para defender de manera pacifica los cultivos, a pesar del ello el Ejercito realizó un disparo que acabó con la vida de Alejandro Carvajal. (Le recomendamos leer: Alejandro Carvajal, joven de 20 años asesinado por el Ejército en Catatumbo: ASCAMCAT ).
El 22 de abril en Tumaco, Nariño, campesinos e indígenas que se oponían a la intervención de la Fuerza Pública en nuevas acciones de erradicación, fueron amenazados con armas de fuego, hecho que causó el asesinato del Indígena Awá, Ángel Artemio Nastacuaz.
Algunos días después el 18 de mayo en zona rural de Cúcuta, fue herido de gravedad por un disparo y posteriormente falleció, el campesino Digno Buendia, a causa de un disparo de un integrante del Ejército, este mismo día resultaron heridos 3 campesinos más.
El caso más reciente fue el 26 de mayo en Vista Hermosa Meta, en donde se denunció nuevamente agresiones por parte de integrantes del Ejército hacia la comunidad campesina que protestaba en contra de la erradicación; allí se registraron tres campesinos heridos.
Ante estos y otros hechos que muy probablemente se desconocen, Hurtado señaló que «siempre en los procesos de erradicación hay enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades, y lastimosamente siempre hay un muerto de por medio».
Al accionar del Estado se suma la reciente llegada de tropas militares estadounidenses al país con el supuesto objetivo de apoyar la lucha contra el narcotrático.
Ante esto Hurtado afirmó, «estos extranjeros vienen con unas garantías jurídicas lo que no permite al Estado colombiano por las acciones violentas que realicen el país, dándoles carta blanca para que hagan más de lo que ya han hecho«. (Le puede interesar leer: Ejército quería que Ariolfo Sánchez fuera un «falso positivo»: Comunidad de Anori, Antioquia)
Grupos armados ilegales
Por otro lado el vocero de la Coccam, destacó que las comunidades que cultivas son solo víctimas del olvido Estatal y de grupos narcotraficantes que usan la necesidad de las personas como alivio a sus acciones delictivas.
«Las comunidades cultivan por necesidad, también porque a muchos los amenazan con que o cultivan o los matas, jamás lo hacen por buscar la riqueza«, y resaltó que ante los incumplimientos a los Acuerdo, la comunidad se ha escudado en estos grupos ilegales que les ofrecen protección.
«Este Gobierno de alguna manera entonces permite que los grupos ilegales acaparen muchas zonas, dando la espalda a lo que sucede y dejando en manos de los líderes la responsabilidad de la paz«, ejemplo de ellos los hechos de desaparición, amenazas y hostigamiento a defensores de la sustitución voluntaria.
Tan solo en el departamento del Cauca en los últimos meses se han registrado 15 asesinatos a miembros de la Coccam, y que según Hurtado «lo único que han hecho es apostarle a la sustitución de cultivos». (Le puede interesar: Persecución y desplazamiento campesino: el resultado de incumplimiento del Gobierno en Guaviare).
Menos sustitución, más erradicación forzada
Hurtado de igual forma destacó que en los territorios existe una clara intención de cumplir lo pactado, sin embargo señaló que es imposible basar una economía rentable en otros cultivos, cuando la realizar no permite que los producto salga al menos del territorio.
«Hoy por lo menos se puede cambiar y sustituir su cultivo por tomate pero si no hay vías para sacar ese tomate, si no hay quien lo compre, pues es difícil y la historia de Colombia a mostrado eso, que no hay garantías después de tantos años para la sustitución voluntaria», agregó.
Y afirmó que este es solo un ejemplo básico antes las acciones que ha hecho la comunidad para cumplir los Acuerdo; destacando, que pese a los esfuerzos «este es un Gobierno que le apuesta a cumplir nada, porqué no tienen interés en cambiar la violencia, ellos viven de esa violencia y del discurso guerrerista».
¿Aún hay esperanza en materia de sustitución voluntaria en Colombia?
Las comunidades a pesar de tantos incumplimientos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y vulneraciones a sus derechos, según Hurtado, se siguen organizando y generando procesos para que sea posible una real sustitución voluntaria.
«Se sigue resaltando la necesidad de organizarse en pro de defender los Acuerdo de Paz, no solo el punto de los cultivos de Uso Ilicito, porqué el acuerdo en su totalidad da garantías para una mejor vida para campesinos y campesinas» .
A esta lucha se suman pronunciamientos como los de la Defensoría del Pueblo, quien señala, “debe de contarse con una ruta para garantizar la estabilización socioeconómica urgente de las familias que hayan resultado o resulten afectadas por los operativos de erradicación forzosa” .
O como las de cerca de 100 organizaciones que se han opuesto a las aspersiones aéreas, y las audiencias virtuales para el regreso del glifosato al país. (Lea también: Suspensión de audiencia virtual un paso en la lucha contra el glifosato).
Y que han dado como resultado la orden interpuesta por el Juzgado II de Nariño, a organizaciones como la ANLA y la Policía Nacional para que se suspender toda acción relacionada al glifosato en Colombia.
«El uso del glifosato para quienes están de acuerdo es fácil decir que es como tomar un vaso de agua, pero nosotros sabemos del daño, la muerte y las perdidas que trae consigo este veneno»; señaló Hurtado, y agregó que el único interés de esta práctica «es el beneficio económico que trae para el Gobierno, porque es la forma más barata y rápida para erradicar».
Y finalizó enfatizando que los campesinos van a seguir en la resistencia impidiendo que se sigan dando acciones violentas en tu territorios, « los campesinos defenderán muy seguramente con su cuerpo y celulares lo que ocurra en el territorio, pero lógicamente no pueden solos, y es allí donde entra la movilización social que les permita saber que no están solos».
