De acuerdo a un seguimiento convocado por la Cámara de Representantes, en los últimos 5 años han muerto 1.539 habitantes de calle en el país, 45% de estas muertes efectuadas con arma de fuego. ¿Qué acciones deben ejecutar los entes encargados para evitar que estas cifras crezcan? Esa es la pregunta del millón.
Para nadie es un secreto que la discriminación y criminalización de los habitantes de calle es pan de cada día en Colombia. Aunque la Ley 1641 de 2013 estableció una política pública que buscaba cobijar a este sector poblacional, hasta ahora no hay muchos avances al respecto. «Los matan como si no importara», comentó Angela María Robledo durante la reunión.
Enrique Peñalosa, durante sus dos administraciones, hizo y deshizo frente a esta problemática. La solución más viable, según él, era acabar con los espacios en que los habitantes de calle residían.
Zonas complejas como el Cartucho y el Bronx fueron intervenidas con la intención de sacar a todos los habitantes de calle, sin embargo, estas acciones lo que hicieron fue dispersar a esta población, que igual se las arreglaría para encontrar dónde asentarse.
La situación no se viene manejando de la manera más idónea
Sebastián Lanz, director de Temblores, también hizo parte del seguimiento convocado por la Cámara de Representantes este martes. “En el Parque Cayetano Cañizares, por ejemplo, la administración ha creado circulares que restringen el acceso a las baterías sanitarias a personas habitantes de calle”, asegura.
Según datos recopilados para el informe Algo huele mal de la ONG Temblores, la violencia ejercida contra habitantes de calle está directamente relacionada con la ausencia de baños públicos. En Bogotá para el 2018 había apenas 533 baterías sanitarias, lo que quiere decir que hay 7,42 baños por cada 100.000 habitantes. Un despelote.
Cuidado menstrual, otro lío
Para Yenny Guzmán, directora en temas de enfoque diferencial de la Secretaría de la Mujer, este es otro problema al que hay que seguirle la pista ya que aunque se plantean soluciones desde la política pública del 2013, no se ha hecho mayor cosa.
“Hablamos de cuidado menstrual porque el manejo de la menstruación no solo pasa por la higiene sino que requiere también la capacitación y sensibilización de funcionarios que trabajan con mujeres en habitabilidad de calle. Por eso le damos esta óptica de cuidado menstrual desde la Secretaría”, señala.
Lo cierto es que el descuido y la situación real sigue siendo incongruente con lo que se propone para erradicar una problemática que tiene a esta población viviendo en condiciones indignas e insalubres. Las mayores causas de muerte en habitantes de calle son la violencia homicida, intoxicaciones, accidentes de tránsito y suicidios.
Durante 2020, hubo 220 muertes violentas, mientras que en enero de 2021 se habló de 21 homicidios. ¿Qué hacer al respecto? Nadie se atreve a responder esta pregunta. A la reunión de seguimiento no asistió representación de la Policía Nacional, ni de la Fiscalía, instituciones claves para atender este problema.
El llamado que surge de esta reunión es a hacer veeduría para que se ejecute al pie de la letra la política pública, un mecanismo que busca reconocer la dignidad de los habitantes de calle y además, pretende saldar la enorme deuda que tienen las principales ciudades con esta población.
