Foto: Contagio Radio
5 Feb 2019
A principios de este mes se realizó la Cumbre Nacional de Víctimas en Bogotá, a la que asistieron más de 1.500 representantes de diferentes organizaciones que corroboraron lo que individualmente sospechaban: que el Gobierno de Iván Duque le ha dado la espalda a las víctimas. Esta afirmación se sustenta en 3 pilares que son la implementación del proceso de paz, la aplicación de la Ley 1448 de 2011, y la presentación del Plan de Desarrollo del Gobierno.
En el documento final de la Cumbre se lee que las víctimas tienen esperanzas en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pero los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la consigna de «hacer trizas» el Acuerdo con las FARC empujan al país a «tiempos de la seguridad democrática». (Le puede interesar: «V. de La Chinita y FARC avanzan con paso firme hacía la reconciliación»)
Situación que se suma a la repuesta que el Gobierno ha dado al asesinato sistemático de líderes sociales, la investigación de los homicidios y las acciones tendientes a evitar los mismos, entre ellas, el desmonte del paramilitarismo. Todas estas, situaciones que afectan el derecho de las víctimas a la no repetición de los hechos violentos. (Le puede interesar: «Aguilas Negras amenazan a mesas locales de sobrevivientes y defensores de derechos humanos»)
En segundo lugar, según Luis Alfonso Castillo, uno de los asistentes a la Cumbre, las organizaciones ven con preocupación la desfinanciación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, circunstancia que se ve reflejada en las pocas reparaciones materiales para quienes han sufrido el conflicto. En ese sentido, Castillo señala debería extenderse la vigencia de la Ley, y modificarla completamente para poder recibir en nuevas fechas de inscripción a personas que se identifican como víctimas, y no pudieron ser reconocidas como tal.
El tercer aspecto, y quizá uno de los argumentos más relevantes para demostrar la posición de Duque con las víctimas tiene que ver con el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Gobierno, en el que no hay financiación para las víctimas, y se las quiere tratar como un sujeto invisible, y homologarlo como población vulnerable. (Le puede interesar: «Mujeres piden no cerrar la puerta del diálogo con el ELN»)
«El país está siendo empujado por el Gobierno al debacle de la guerra»
La preocupación expresada en la Cumbre supera incluso los hechos que los involucran como víctimas, y en la declaración final también expresan la preocupación sobre el acrecentamiento de un «lenguaje bélico», que incluso ha llegado a pensar que Colombia puede servir como plataforma de lanzamiento para una intervención armada a Venezuela; discurso que junto al fin de las negociaciones con el ELN hace pensar a Castillo, que «el país está siendo empujado por el Gobierno a la debacle de la guerra».
Por estos argumentos, la Cumbre ha decidido participar en la convocatoria de organizaciones sociales y políticas, en una reunión nacional a desarrollarse los próximos 9 y 10 de febrero, en la que esperan pronunciarse contundentemente contra el asesinato de líderes sociales, así como organizar un gran paro cívico. De igual forma, anunciaron la realización de una movilización nacional el próximo 9 de abril, día de las víctimas del país, para rechazar la forma en que están siendo tratados por parte del Gobierno.
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