En una entrevista televisiva Iván Duque aseguró que un juez no le puede ordenar a un presidente que ley puede o no objetar y que por ello firmó la ley de presupuesto en la que hay un artículo que suspende la Ley de Garantías. Para diversos sectores políticos, las acciones del presidente están atentando contra el Estado de Derecho que debe prevalecer en Colombia.
La semana pasada el congreso aprobó el artículo que luego fue demandado con una tutela que afirma que los congresistas que aprobaron el articulado, habían extralimitado sus funciones dado que una reforma como esa debe surtir primero el trámite de revisión de la Corte Constitucional.
Por ello el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá amparó, de forma transitoria, los derechos al debido proceso e igualdad, y ordenó al Presidente de la República y a las entidades nacionales y descentralizadas «abstenerse de dar aplicación a la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005».
Sin embargo, pese a la orden del Juez Duque anunció la firma y con ello entraría en vigencia dicha suspensión a partir de los términos definidos, y aunque habrá control de constitucionalidad por parte de la Corte, muy posiblemente la decisión llegue cuando ya se está aplicando la modificación, es decir, después de haberse suspendido la ley de garantías.
Reacciones a la actitud de Duque alertan del peligro para el estado de derecho
Las reacciones por esta decisión han sido varias y señalan el peligro en el que el Estado de Derecho cae, cuando el presidente actúa en contra de las decisiones de los jueces. Una de las reacciones fue la del jurista Ramiro Bejarano que aseguró que así haya una equivocación en la decisión, el gobierno debe cumplir los fallos de los jueces.
Otro de los juristas que se manifestó fue el ex magistrado José Gregorio Hernández, quien recordó que el orden constitucional colombiano obliga a aplicar de manera inmediata las decisiones de tutela, así sean apelables, contrario esto a la actitud de Duque.
Congresistas como Iván Cepeda aseguraron que hay un peligro inminente frente a la próxima contienda electoral y que lo hecho por el jefe de gobierno es una invitación a desacatar la ley, actitud que está calificada como prevaricato y por la cual podría ser denunciado Iván Duque.
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