Este domingo dos menores de edad de 14 y 16 años fueron asesinados, presuntamente por un miembro del Ejército Nacional, en medio de un control militar impuesto para el cumplimiento de algunas medidas restrictivas relacionadas con el Covid-19 en la vereda “El Palmar de Obando” del municipio de San Agustín, Huila. (Le puede interesar: Hay políticas que propician la criminalidad en las Fuerzas Militares: CCEEU)
Según la información suministrada, uno de los miembros del Ejército que integraba el control accionó su arma de fuego en contra de los menores que se movilizaban en una motocicleta, luego de que estos omitieran una señal de pare, ocasionándoles graves heridas que posteriormente les causaron la muerte.
Las víctimas se identificaron como Emerson Alejandro Dussan Puentes de 16 años, quien falleció cuando era trasladado al hospital “San Antonio” en Pitalito y Joselino Irua Delgado de 14 años, quien murió en el centro asistencial; ambos se desempeñaban en labores agrícolas como la recolección de café.
El uniformado que habría disparado el arma, pertenece al Batallón de Infantería No. 27 Magdalena y según confirmó el Mayor General Luis Mauricio Ospina, Comandante de la Quinta División del Ejército, se trata de un soldado profesional.
Óscar Prieto, integrante del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio –OBSURDH-, señaló que este Batallón es el que más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales tiene en el Huila. Para Prieto este tipo de casos son producto de una práctica sistemática y generalizada en la que se ha instruido a los miembros de la Fuerza Pública para considerar a la población civil como un enemigo.
Adicionalmente, el integrante de OBSURDH, señaló que en este caso hay un agravante y es el hecho de que San Agustín no es una zona en la que haya presencia de actores armados, por lo que es injustificable el proceder de la Fuerza Pública.
Frente al caso, el Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional emitió un comunicado en el que confirmó el hecho señalando que “por el resultado de la reacción de uno de nuestros soldados, orgánico del Batallón de Infantería N.º 27 Magdalena, dos menores de edad resultaron heridos, siendo de inmediato trasladados a un centro asistencial donde lamentablemente fallecen ”.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se dirigió a Neiva para atender la situación y señaló que el soldado presuntamente responsable había sido retirado de sus funciones y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Asimismo, tras la muerte de los menores a manos del soldado, desde el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares se ordenó un “reentrenamiento” en el uso de las armas.
El discurso que legitima hechos como el de San Agustín
En septiembre de este año también fue asesinada Juliana Giraldo en medio de una intervención del Ejército Nacional en la que un uniformado abrió fuego en contra del vehículo en el que se movilizaba con su pareja y dos personas allegadas. Este hecho generó indignación y puso en entredicho los métodos tanto de reclutamiento como de formación de los miembros de la Fuerza Pública. (Lea también: Ejército asesinó a Juliana Giraldo, mujer transgénero en Miranda Cauca)
Según Óscar Prieto el discurso que se maneja desde las autoridades civiles, legitima en algún punto este tipo de actuaciones, ya que se minimiza la gravedad de los hechos en los que se ven involucrados miembros de la Fuerza Pública y por ello las investigaciones no cuentan con una rigurosidad que permita identificar y sancionar a los responsables, razón por la cual “la impunidad supera el 90%” en estos casos.
“En la medida en que las estructuras de poder legitimen este tipo de acciones, [los miembros de la Fuerza Pública] se sienten cada vez con mayores posibilidades de salir impunes”.
Óscar Prieto, integrante de OBSURDH
