Fotografía archivo Contagio Radio.
En un comunicado publicado el miércoles 25 de mayo, varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos rechazaron el documento borrador de CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, que presenta “los lineamientos para la implementación de las sanciones propias al interior de la JEP” y que fue formulado por el Comité de Articulación de la JEP y el Departamento Nacional de Planeación.
La primera crítica que el comunicado dirige al documento es la centralidad de la “Política de Paz con Legalidad” implementada por el ejecutivo del Presidente Iván Duque, que, sin embargo “no responde a los fines del Acuerdo Final de Paz”
“El borrador de CONPES (…) no fue construido teniendo como base las disposiciones emanadas del Acuerdo Final de Paz como rector del proceso transicional que amerita un arreglo institucional, sino por lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y la Política de Paz con Legalidad”.
Las organizaciones señalan como la “Política de Paz con Legalidad” no corresponde a los objetivos impulsados por el Acuerdo de Paz, sino que toma los compromisos del mismo para acomodarlos a la agenda del partido de gobierno.
El segundo cuestionamiento abarca las modalidades a través de las que se llevó a cabo la presentación del documento, “en la recta final del mandato del Presidente Iván Duque” y en pleno proceso electoral.
El borrador, de hecho, “establece un cronograma de seguimiento que excede el periodo del gobierno actual, por lo cual es importante preguntarse sobre la vinculatoriedad y estabilidad presupuestal que pueda llegar a tener (…) considerando que el nuevo mandatario tendrá la facultad de desarrollar un nuevo Plan de Desarrollo en libre ejercicio de sus funciones de planificación”.
Es por eso que las organizaciones consideran más adecuado que el documento CONPES se discuta ante el nuevo gobierno para de esta manera vincularlo y acudir al “principio de realidad en materia presupuestal, de diagnóstico, planes de acción, y de implementación”.
La crítica final está relacionada a la falta de un “diagnóstico diferenciado” frente a sanciones en casos donde el victimario presenta la calidad de “Agente de Estado”.
“Hay varios aspectos diferenciales que deben ser tenidos en cuenta cuando los victimarios ostentan la calidad de agentes de Estado, de manera que abordar las reparaciones y sanciones para las víctimas de crímenes de Estado requiere plantear adecuaciones institucionales especiales, las cuales deberían tender a materializar principios como la centralidad de las víctimas, así como derechos como la reparación y la no repetición”.
En el documento se hace caso omiso sobre las “particularidades” requeridas por las víctimas de crímenes de Estado y no se toman en cuenta aspectos importantes, por ejemplo, que “las Fuerzas Militares planearon y llevaron a cabo una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales con auspicio de otros entes del Estado, como lo ha determinado la JEP en sus primeras decisiones”.
Finalmente, las organizaciones de víctimas y derechos humanos solicitan al Departamento Nacional de Planeación y a la Jurisdicción Especial para la Paz, el aplazamiento del documento CONPES hasta la formación de un nuevo gobierno, la aplicación de un diagnostico diferenciado frente a casos donde el victimario es Agente de Estado y la inclusión de “los criterios de reparación integral que se contemplan en el Acuerdo Final de Paz”.
Firman el comunicado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
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