Cerca de 200 familias de firmantes de paz tuvieron que salir desplazadas por las continuas amenazas que el Estado Mayor Central de las FARC ha hecho contra sus vidas y por el plazo perentorio de 30 días que impuso para que abandonen el lugar. La Oficina del Alto Comisionado de Paz tomó medidas y solicitó un pronunciamiento por parte de este grupo armado.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. El 14 de marzo del presente año los habitantes del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Mariana Páez, ubicado en el municipio de Mesetas, departamento del Meta, denunciaron su desplazamiento forzado.
En el comunicado, dado a conocer este miércoles 15 de marzo por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de Comunes, partido surgido de la desmovilización de la guerrilla de las FARC, se detalló que los excombatientes sufrieron una «situación de desplazamiento forzado por parte de hombres y mujeres que se identificaron como FARC».
Además, señalan que el grupo que se desplazó forzadamente está compuesto por 200 familias (86 mujeres y 80 niños y niñas, de los cuales 30 aún son de brazos). Los excombatientes denunciaron que por cuenta del desplazamiento perderán los proyectos productivos en los que trabajaban desde que se reincorporaron, como transformación de caña de azúcar, turismo sostenible, café y sus derivados y ganadería.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Paz aseguró, en comunicado a la opinión pública, que se activó un mecanismo de emergencia con el Ministerio de Defensa, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización «para mitigar el riesgo de los habitantes de esta ETCR, y se llevó a cabo una reunión con delegados de los firmantes».
Asimismo, convocó al grupo de crisis para atender la situación y designó una delegación para viajar a Mesetas y establecer, en consenso con los firmantes, las garantías para su permanencia en el AETCR Mariana Páez. «El Gobierno Nacional no permitirá que los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos», sostuvo.
Algunas reacciones
En su cuenta de twitter el senador Julián Gallo, uno de los líderes de Comunes, aseguró que es «inaceptable que mientras el Gobierno nacional anuncia el inicio de conversaciones con las llamadas disidencias, estos grupos sigan asesinando, desplazando y amenazando los firmantes de paz».
Por su parte el exjefe de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño, (conocido en la guerra como Timochenko) dijo en su cuenta de twitter
Líderes del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincoporación (ETCR) Mariana Páez, ubicado en Mesetas, denunciaron que los miembros del Estado Mayor Central les dieron un plazo perentorio de 30 días para abandonar el lugar. También alertaron que durante el último año han recibido amenazas de ese grupo, que no se acogió al Acuerdo de Paz.
“La acción de este grupo y de otros con los que usted pretende llegar a un acuerdo para la Paz Total han apropiado el deseo de hacer trizas el Acuerdo de Paz. Increíblemente, todo ello pasa y es del conocimiento de funcionarios de su gobierno”, le escribió Londoño a Petro, y alertó que también están en una grave situación de seguridad las comunidades de excombatientes de Arauca y Antioquia, donde habría un “desplazamiento silencioso” y confinamientos.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 350 excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de 2016 han sido asesinados a la fecha.
Desde el partido hacen un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la Directoria de la unidad para la implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a la Directora de Agencias para la reincorporación y normalización, Alejandra Miller, a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas; para que se garantice el derecho a la vida de los y las firmantes del acuerdo, el derecho a la paz al pueblo colombiano y verificar las condiciones para alcanzar la paz total en los territorios.
Así mismo, convocan tanto a actores institucionales del nivel local, departamental y nacional como a la sociedad civil a cerrar filas para que no se permita que en el departamento del Meta y en el país se sigan llevando a cabo este tipo de acciones. “Son hechos que ofenden la confianza del pueblo colombiano que deja un sinsabor en el imaginario colectivo, sobre todo en el momento histórico en el que todos y todas debemos jugárnosla por la búsqueda de la paz con justicia social”, aseguró el partido.
El Alto Comisionado de Paz instó al Estado Mayor Central de las FARC-EP (disidentes) a pronunciarse, «ratificar su voluntad y compromiso con la paz y preservar la confianza construida durante el proceso de acercamientos con el Gobierno Nacional».
