En una carta enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varios congresistas de oposición desmintieron a los presidentes de la Cámara y del Senado, quienes enviaron una comunicación a esa entidad internacional como si se tratara de un consenso del legislativo en el que respaldan la aprobación de la ley 2094 de 2021, con el que Margarita Cabello adición 1200 cargos a la planta de personal de la Procuraduría.
Según los congresistas, esa carta no representa la posición del congreso en su totalidad, como se quiso dar a entender por parte de los presidentes de las corporaciones y obedece a una valoración personal de los dos citados. Además, en caso de que el congreso quisiera enviar una comunicación oficial tendría que haberse debatido en pleno y así no sucedió.
El comunicado de los congresistas de oposición, entre los que se encuentran Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Aida Avella, Feliciano Valencia y Jorge Robledo entre otros, sustenta los argumentos que tuvieron para oponerse a la bancada de gobierno en la aprobación de esta reforma y aclara las razones argumentales por las que dicha reforma no cumple el fallo de la Corte IDH para el cuál tendría que haberse adecuado el ente de control.
Los argumentos de la oposición son claros para afirmar que no se cumplió la sentencia de la Corte IDH
Entre los argumentos de la oposición se encuentran que la aprobación por las mayorías del gobierno no actuaron de buena fe en lo que llamaron el cumplimiento de la sentencia de la Corte y por lo tanto incumple el artículo 36 de la convención de Viena.
Además señalaron que incumple varios de los artículos de la Constitución Política de Colombia, entre ellos 29, 113, 116.117, 118, 152, 153, 277 y 278, en los cuales se expresa con claridad que lo más importante es la salvaguarda de la separación de poderes, además de impedir que los entes de control impongan su visión sobre la voluntad electoral en el caso de los funcionarios elegidos popularmente, entre otros argumentos.
Por otra parte, se refirieron al papel de la Corte y la instaron a que avance en el «control de la convencionalidad» pues este no constituye un elemento intervencionista, por el contrario es un aporte a la defensa de las instituciones democráticas en el país y el continente.
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