El 10 de agosto, los representantes Eduard Sarmiento y David Racero, en colaboración con FIAN Colombia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y otras organizaciones campesinas y de mujeres, presentaron un Proyecto de Ley con el objetivo de establecer el Sistema Nacional para Garantizar Progresivamente el Derecho Humano a la Alimentación.
Por Beatrice Follesa, Redacción Contagio Radio
Bogotá. Este proyecto ha sido presentado tres veces en el Congreso, siendo la última archivada con un solo debate pendiente para su aprobación. Durante las deliberaciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, se incluyó en el artículo 216 la creación del sistema como un pilar fundamental de la política alimentaria, en cumplimiento del punto 1.3.4 del Acuerdo de Paz.
La evaluación más reciente del Programa Mundial de Alimentos identificó que aproximadamente el 30% de la población en Colombia (al rededor de 15.5 millones de personas) enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que se traduce en dificultades para obtener alimentos adecuados y la necesidad de recurrir a estrategias insostenibles para cubrir necesidades básicas.
Esto afecta especialmente a grupos como víctimas del conflicto, comunidades étnicas, trabajadores informales, hogares con bajo nivel de escolaridad y hogares liderados por mujeres.
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Esta nueva estructura requiere reconfigurar la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) para convertirla en el Consejo Nacional para Garantizar Progresivamente el Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas. También se plantea la creación de consejos territoriales a nivel departamental y municipal con funciones similares.
Uno de los objetivos centrales es crear el marco para desarrollar una Política Pública Nacional para Garantizar Progresivamente el Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas a través de un proceso inclusivo y participativo de los titulares de derechos que conoces más sus territorios.
Además, el proyecto incluye medidas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en relación al derecho a la alimentación, así como para monitorear la política pública y promover una alimentación saludable y sostenible. Esto involucra la creación del Observatorio de Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (ODHANA).
Según Juan Carlos Morales González, director ejecutivo de FIAN Colombia, este proyecto de ley, originado en organizaciones sociales, abordará la situación alimentaria del país y transformará los obstáculos estructurales que han llevado al estado actual. FIAN Colombia, defensora de los derechos humanos y la alimentación adecuada, busca proteger este sistema a través de su consagración en una Ley de la República, más allá de cambios gubernamentales.
FIAN Colombia es una organización defensora de Derechos Humanos que hace parte de FIAN Internacional y que trabaja por la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas y los derechos conexos a través de la incidencia social y política en distintos territorios y cuenta con carácter consultivo ante Naciones Unidas.
FIAN Colombia ha presentado recomendaciones al Gobierno Nacional, el Congreso, la sociedad civil y ciudadanos en relación al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Estas recomendaciones buscan cambios normativos, ajustes institucionales y políticas alimentarias adecuadas, además de asegurar la participación de la sociedad y facilitar el acceso a la justicia en temas de alimentación. También enfatizan la importancia de la perspectiva de género y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones alimentarias. Según las recomendaciones de FIAN Colombia se deberían impulsar modificaciones normativas, ajustes a la arquitectura institucional, adecuar las políticas públicas en materia alimentaria y frenar las interferencias de las industrias. En las recomendaciones se destaca la importancia de los procesos de consultas previas y populares y la necesidad de cambios en el sistema de justicia para agilizar el acceso a los y las titulares de derechos con el fin de que accedan a mecanismos expeditos de justicia sin que la carga de la prueba recaiga en ellos y ellas. Además Es necesario que la arquitectura institucional tenga una perspectiva de género e interseccional, y que las mujeres, en su diversidad y sus procesos organizativos, incidan en los escenarios de toma de decisión en lo alimentario y en los procesos de formulación de políticas públicas y en las instancias de articulación interinstitucional y territorial.
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Eduard Sarmiento, también autor del proyecto y Representante del Pacto Histórico, enfatiza la importancia de erradicar el hambre en el país como aplicación del derecho humano a la alimentaación, considerado parte fundametal del derecho a una vida digna.
