Las comunidades indígenas de los territorios y resguardos del Jiguamiandó, denuncian que la empresa Minera Cobre SAS, está realizando actividades con algunos integrantes de las comunidades indígenas, para suplantar el derecho a la consulta previa libre e informada sobre la posibilidad de intervención minera en el cerro sagrado Jai Katuma.
Según la denuncia del Cabildo Mayor Embera del Resguardo Urada-Jiguamiandó, desde el pasado 29 de septiembre las comunidades indígenas realizaron una asamblea en la que sentaron suposición de negar cualquier tipo de actividad minera en su cerro sagrado así como lo hicieron en 2009 en contra de las pretensiones de la empresa Muriel Mining.
Pasaron 11 años sin que Min Ambiente entregara informe de Impacto Ambiental de la Minería en territorio sagrado
Una de las situaciones que preocupa a estas comunidades indígenas es que después de 11 años de haber realizado una consulta interna para prohibir la extracción minera, no habían recibido ningún tipo de estudio de impacto por parte de el Ministerio de Ambiente, que ahora ha comenzado a citar algunos integrantes de las comunidades a la ciudad de Medellín para una supuesta socialización del informe de impacto ambiental.
En el 2009 las comunidades indígenas realizaron una consulta previa con participación de todas las comunidades en la que se tomó la decisión de no permitir ningún tipo de actividad minera, en ese momento pretendida por la empresa Muriel Mining que pretendía hacer extracción de oro en el cerro sagrado.
En el mismo sentido la empresa Minera Cobre SAS, está desarrollando algunas actividades en la ciudad de Apartadó con promesas similares de supuestas ayudas para las comunidades indígenas, con personas que no han sido autorizadas por las asambleas de los resguardos, lo cual acrecienta el temor sobre la posibilidad de que estás gestiones se presenten como una consulta previa qué no tendría ninguna validez legal. «Algunos de los lideres que asisten lo hacen sin información clara de la empresa y sin el consentimiento de las comunidades de base.»
Le puede interesar leer: Indígenas Embera desplazados en Bogotá sufren fuerte afecciones de salud
Actividad minera en territorio sagrado de Jiguamiandó desconocería la sangre derramada por la guerra
Para ellos y ellas es claro que los lenguajes que está usando la empresa de una supuesta protección ambiental es falsa y además desconoce la situación de riesgo en el que se encuentran las comunidades por el desarrollo de la guerra en sus territorios pues allí hay fuertes confrontaciones armadas entre la guerrilla del ELN, las Fuerzas Militares y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
«Cualquier inversión en nuestro territorio puede ser acusada de estar manchada con nuestra sangre y con daños terribles a nuestra madre tierra En la actualidad estamos 20 lideres y lideresas amenazadas de muerte.»
Además aseguran contundentemente que cualquier tipo de operación empresarial que se desarrolle en sus territorios estaría manchada con la sangre de las comunidades indígenas del Jiguamiandó que han sido víctimas de los actores armados en acciones que han generado desplazamientos, confinamientos, amenazas y asesinatos.
«Por estas razones rechazamos que se continuaran con cualquier tipo de acercamiento o diálogos con la empresa en desprecio de nuestros derechos territoriales y de los derechos humanos que nos están violentando»
También fueron contundentes en el rechazo a la utilización de personas de las comunidades por parte de la empresa ya que estas personas no han sido autorizadas para desarrollar ningún tipo de gestión ni mucho menos para prestarse a una simulación de lo que debería hacer la consulta previa.
Vale la pena recordar que estás comunidades gozan de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus territorios están protegidos por la ley de origen el derecho propio y el artículo 246 de la Constitución política de Colombia así como el convenio 169 dela OIT.
«Rechazamos y descalificamos todo proceder que están realizando lideres que hoy se reúnen con la empresa Minera, tomando atribuciones que no les competen, pasando por encima de las decisiones de la gente de base, desconociéndolas y violando las determinaciones de una asamblea general»
Comunicado
Lea también: Discurso oficial desata crímenes de guerra
