Este 4 de febrero se registró un desplazamiento interno en Buenaventura debido a un enfrentamiento entre estructuras urbanas del paramilitarismo.
Aproximadamente se desplazaban 30 familias del barrio Juan XXIII de la comuna 7 de Buenaventura. Los enfrentamientos que se presentaron en este barrio habrían sido entre las bandas criminales llamadas Los Espartanos y Los Shotas.
Según Orlando Castillo, líder y defensor de Derechos Humanos de Buenaventura, las calles de la ciudad las están disputando los actores armados y la comunidad no puede hacer nada al respecto. Castillo añade que desde las 4 o 5 de la tarde la población de Buenaventura tiene que estar encerrada.
En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, publicada el 29 de enero de 2021, se indica que hay presencia de bandas delincuenciales locales denominadas como Banda Local y La Empresa, que se disputan el control territorial. También se registra presencia de las disidencias de las FARC y del ELN en el corregimiento 8.
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Buenaventura plagada por la violencia
La disputa de los territorios urbanos y rurales de Buenaventura se da por la ubicación geoestratégica y lo valorizada que está la ciudad por ser un puerto, ya que presenta las condiciones necesarias para comercio y exportación de economías legales e ilegales, sobre todo para la cocaína y sus insumos.
Por otro lado, aunque en menor proporción, los habitantes de este puerto han señalado la existencia del tráfico de armas, de combustible y la explotación minera ilegal.
Buenaventura tiene un acceso por ríos, trochas y manglares que comparte con los municipios de López Micay en el departamento del Cauca y al norte se conecta con el Municipio de Litoral de San Juan, departamento del Chocó, convirtiéndolo en un corredor principal para todas las economías ya mencionadas.
La militarización solo ha llevado más violencia y miedo a Buenaventura
Desde el 2014, luego de un informe de la organización HRW respaldado por información de organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz en el que se daba cuenta de más de 60 personas asesinadas en un solo mes y la existencia de casas de pique, el gobierno de Juan Manuel Santos ordenó una primera oleada de militarización del puerto.
En ese entonces, se sumaron 400 soldados y entre 180 y 200 hombres de la Infantería de Marina, además de 900 hombres de la Armada y sus tres batallones que ya hacían presencia en el puerto.
Sin embargo, la violencia continuó haciendo de Buenaventura uno de los puertos más violentos en contra de su población. En su momento la militarización pareciera no haber resuelto la violencia sino que la convirtió en una serie de acciones de bajo impacto que siguieron su curso.
Más recientemente, en el 2018, el presidente Duque volvió a dar órdenes de militarizar el puerto. Dos años después los resultados son nulos según lo evalúan y denuncian los propios habitantes en diversas cartas y comunicados públicos.
Las aterradoras cifras de la violencia en Buenaventura
Según la Defensoría del Pueblo 778 familias están en riesgo en los consejos comunitarios de Juanchaco (500 familias), Ladrilleros (178 familias) y la barra (110 familias).
Adicionalmente, denuncian que en lo corrido del 2021 se han presentado más de 2000 desplazamientos en el puerto. Aumentando significativamente el riesgo en las camunas 12, 4 y 3 de la cabecera municipal.
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