Este miércoles la Human Rights Watch hizo entrega de su informe anual en materia de derechos humanos en Colombia. El informe resalta que el desempeño del gobierno de Iván Duque presenta serias deficiencias.
Entre los apartes del reciente informe de HRW están la gestión de la pandemia, la protección de la vida, la implementación del acuerdo de paz, la impunidad y el desmantelamiento de estructuras delincuenciales o paramilitares ligadas al narcotráfico.
En rueda de prensa virtual José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, aseguró que una de las evidencias de los problemas en la gestión del gobierno Duque en materia de DDHH tiene que ver con que el discurso hacia afuera, internacionalmente, es buenos y consistente pero al interior no se hacen los esfuerzos necesarios.
Por otra parte señala que hay varias herramientas para proteger la vida de los lideres sociales y el acuerdo de paz pero en lugar de ponerlas en marcha se crean escenarios nuevos, lo cual detiene el avance e implementación de las medidas necesarias.
Además, informa que entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en nuestro país se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas.
Incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz
Uno de los puntos más importantes, según Human Right Watch es el hecho de que a 4 años de haber firmado el acuerdo de paz, se ha presentado un aumento de la violencia en las regiones colombianas. Desde la firma del acuerdo hasta la fecha van más de 300 excombatientes de las FARC y líderes sociales asesinados.
Según se evidencia en el informe, algunos de los guerrilleros de las FARC que se desarmaron en un primer momento, han creado nuevos grupos, en parte como reacción a las deficiencias en los programas de reincorporación y a los ataques a excombatientes.
También se conoció que disidencias de las FARC en el Cauca impusieron sus propias medidas, con el fin de mitigar la propagación del Covid-19, las cuales incluyen amenazas y asesinatos contra las personas que al parecer no cumplieron con las medidas que ellos impusieron.
El temor persiste en las regiones no solo por las disidencias de las FARC, sino también por grupos como el ELN y las AUG, en zonas como el Chocó, quienes han tenido constantes enfrentamientos donde la población civil queda en la mitad llorando a sus muertos.
A esto se suma las acciones violentas y abuso de autoridad por parte de la Policía y del Ejército Nacional.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación había iniciado más de 2.000 investigaciones sobre presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008. Se había conseguido más de 900 condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios. Sin embargo, no se han procesado a los altos mandos.
En cuanto a la policía Human Rigth Watch recuerda que con el homicidio al abogado Javier Ordoñez quien murió a manos de policías que le aplicaron reiteradas descargas con una pistola táser, se movilizaron pacíficamente cientos de colombianos, lo que genero una respuesta de la policía con un uso excesivo de la fuerza, dejando 13 personas muertas y cientos de heridos.
De igual forma, el reporte se refiere a los disturbios el 21 de marzo en la cárcel la Modelo y afirma que aún no se ha imputado a nadie por la muerte de 24 internos ese día.
Además, recordó que las oficinas de la ONU en Colombia, cumplen un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y que esta expresó preocupación por los asesinatos que se han suscitado a excombatientes de las FARC y defensores de derechos humanos, así como por el reciente aumento de las masacres y la falta de garantías para la implementación de los acuerdos de paz.
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