El informe muestra que Cauca fue el departamento más afectado con un total de 17 casos, seguido por Nariño y Antioquia, ambos con siete casos cada uno, y que los tres grupos en los cuales se concentran más casos de asesinatos son: líderes comunales (22), líderes comunitarios (20) y líderes indígenas (16).
Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio
Bogotá. La Defensoría del Pueblo dio a conocer, este 21 de julio, el reporte de homicidios contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el primer semestre de 2023. En ese periodo, se registraron 92 homicidios, “una cifra que muestra la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Entre enero y junio los sectores sociales más afectados fueron los líderes comunales con 22 homicidios, líderes comunitarios con 20 casos y líderes indígenas 16. Estos tres grupos concentran el 63 por ciento del total de homicidios registrados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, aseguró el defensor del pueblo que los asesinatos ocurrieron en 26 departamentos. Cauca fue el más afectado con un total de 17 casos, seguido por Nariño y Antioquia, ambos con siete casos cada uno. En tanto, Valle del Cauca y Córdoba registraron seis casos cada uno, mientras que Bolívar y Cesar presentaron cinco muertes cada uno.
“Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades”, reclamó el Defensor del Pueblo.
La entidad advirtió en el informe que, aunque hubo una disminución en el número de homicidios con respecto a los 114 casos registrados en el mismo periodo de 2022, preocupa que la violencia en contra de esta población se pueda exacerbar en los próximos meses. Esto es especialmente preocupante debido a que el país se encuentra previo a los comicios electorales regionales de octubre.
También hay que señalar que esta cifra mayor a la reportada Human Rights Watch (HRW) el 13 de julio. Según la ONG, entre enero y junio de 2023, 77 defensores de derechos humanos fueron asesinados, mientras que el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores de derechos humanos en el mismo periodo.
En contexto: https://www.contagioradio.com/en-los-primeros-seis-meses-del-ano-han-asesinado-a-77-lideres-sociales-en-colombia-hrw/
Por su parte el Consejo de Seguridad de la ONU expresó, el pasado 20 de julio, su preocupación por la persistencia de la violencia contra líderes sociales y excombatientes de las Farc, así como por el impacto en niños y jóvenes causado por grupos armados.
Por lo que exhortó al Gobierno nacional a tomar medidas y señaló que “es necesario aumentar la presencia integral del Estado en las áreas afectadas por el conflicto, y señaló su preocupación por las violaciones y abusos contra la infancia, incluyendo el reclutamiento y uso de niños en conflictos armados”.
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También hizo un llamado al Gobierno para que adopte acciones que garanticen unas elecciones tranquilas en octubre e instaron al Gobierno nacional a tomar todas las medidas necesarias para asegurar una participación política justa y segura, incluyendo la de los excombatientes, como parte fundamental de su reintegración a la vida civil.
Desde la Misión de Observación de la ONU en Colombia emitieron un comunicado en el que advierten que, pese a las preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo de Seguridad, se “elogiaron los avances en el capítulo de reforma rural con respecto a la compra y formalización de tierras. Alentaron al Gobierno de Colombia a transferir las tierras previstas para fines de reforma rural a sus futuros beneficiarios, incluidas las víctimas y las mujeres rurales, lo antes posible”.
