Este 9 de agosto en horas de la noche organizaciones sociales y líderes comunales del departamento de Nariño, denunciaron el asesinato de dos menores de edad en medio de acciones ejecutadas por grupos armados en la zona.
El hecho se presentó en la cabecera municipal, Leyva, donde los niños de 12 y 17 años, estudiantes del centro académico del corregimiento de Santa Lucía y perteneciente a la sección de bachillerato; Cristian Felipe Caicedo y Maicol Ibarra oriundos de la vereda Mamaconde y Papayal Balboa en limite con el departamento de Cauca, fueron asesinado con arma de fuego.
La comunidad responsabiliza del hecho a los grupos paramilitares que delinquen en esta zona, quienes en días anteriores han perpetrado 5 homicidios contra los pobladores, asimismo a esta denuncia se suma la desaparición de dos jóvenes en el corregimiento de Puerto Nuevo.
Según la defensora de derechos humanos y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), los menores de 12 y 17 años fueron interceptados por hombres armados mientras se movilizaban al colegio a dejar una tarea, «condeno este hecho y el mundo entero debería rechazarlo Colombia está inmersa en la peor de las barbaries».
A su vez el senador Roy Barreras repudio helecho señalando que «¿el asesinato de dos niños que iban a la escuela por paramilitares, no les generan «caravanas de solidaridad» a las élites uribistas?, ¿les sigue pareciendo la «mayor injusticia de la historia de Colombia» el aislamiento en su hacienda del senador Uribe o del abogado Cadena?».
Las acciones violentas en el departamento de Nariño se han venido incrementando en el marco de la pandemia, ubicandolo según Indepaz como el tercer departamento más violento, antecedido por Cauca y Antioquia. (Lea también:971 defensores de DD.HH. y líderes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de paz)
Y en donde la disputa territorial entre distintos frentes armados como el frente Oliver Sinisterra, Los Contador, las Autodefensa Unidas del Pacífico entre otros grupos armados que se suman a la presencia armada del Ejército, incrementan la conflictividad y los riesgos en la vida de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianos que lo habitan.
«Es una situación muy difícil que ha sido abandonada completamente por el Estado y en donde hace presencia solamente con la que llegada de más y más Fuerza Pública, la cual no ha sido garantía de una seguridad para las comunidades», señaló Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz .
(Puede conocer un análisis de lo que ocurre en este departamento reviviendo, la emisión del 6 de agosto de Otra Mirada: Nariño resistir ante el abandono estatal)
