Son 227 los defensores ambientales asesinados en 2020. Fotografía de referencia Agencia de Noticias Universidad Nacional.
Este miércoles 15 de septiembre, Global Witness presentó oficialmente el informe anual, Última Línea de Defensa, que da cuenta de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente al rededor del mundo. La organización que recopila estos datos desde 2012, informó que, en 2020 fueron 227 las y los defensores ambientales asesinados.
América Latina fue una de las regiones en la que más se presentan este tipo de violencias con 165 casos, donde 65 de ellos se presentaron en Colombia, es decir casi un 30% del total de crímenes. Por otro lado, la amazonia colombiana, peruana y brasileña, donde se han llevado diferentes acciones en contra de empresas extractivas, fue un epicentro importante de este tipo de crímenes con 28 asesinatos.
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Otro de los datos que preocupan dentro del informe es que, dentro del 30% de asesinatos denunciados hay industrias de tala, agua y represas, agroindustria, minería y extractivismo, entre otras, implicadas.
En el listado de homicidios de Global Witness, Colombia ocupó por segunda vez consecutiva el primer lugar en este tipo de hechos, en 2019 había registró 64 asesinatos, uno menos que el año pasado. México, por su parte, se posicionó en el segundo lugar con 30 ataques, es decir un 67% más que en 2019 y Filipinas, aunque mostró una disminución de este tipo de sucesos, siguió entre los tres primeros países del listado con 29 hechos, 14 menos que en 2019.
Dentro de los datos suministrados por Global Witness, en cada semana, 4 defensores y defensoras fueron asesinados.
Defensores ambientales y líderes indígenas en riesgo
El informe de 2020 refleja la violencia que viven comunidades indígenas tanto en Colombia como en el resto del mundo. Dentro de las cifras expuestas están 83 casos de defensores y defensoras indígenas asesinadas, 70 de ellos en América Latina, donde la mayoría de casos se presentaron en Perú, México, Nicaragua y Brasil.
Según Marina Comandulli de Global Witness, no se ha logrado sin embargo documentar el total de asesinatos de defensores indígenas y en general por la falta de información pública e impunidad que terminan siendo grandes obstáculos para mostrar la gravedad de la situación de los defensores y defensoras y del daño ambiental.
Marina Comandulli también afirmó que aunque el informe solo contempla casos de violencia letal, los defensores y defensoras están siendo víctimas de amenazas, campañas de desprestigio, criminalización, amedrentamiento e incluso violencia sexual.
«Colombia vive una reconfiguración del conflicto»: Lourdes Castro
La coordinadora del programa Somos Defensores de Colombia afirmó que los 65 asesinatos registrados en 2020 en nuestro país se dan frente al «deterioro de los DD.HH y las vulneraciones a la vida en consideración con la impunidad a los hechos violentos y victimizantes», Lourdes también manifestó que «pese a firmar un Acuerdo de Paz que cumple cinco años, Colombia no está viviendo un proceso de transición hacia la paz, sino una reconfiguración del conflicto» que se debe, como muchas organizaciones han manifestados al no cumplimiento integral del Acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP en 2016.
«Colombia enfrenta dos pandemias, la primera, la del covid19 y la segunda una pandemia que es endémica en contra de quienes defienden la tierra y el medio ambiente».
Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores.
Dentro de las fallas estatales frente a la protección de los líderes, Lourdes Castro también señalo que los confinamientos por pandemia que se esperaban redujeran la violencia en el país, fueron más bien determinantes en el conocimiento de la ubicación de los y las defensoras del medio ambiente. Además de esta exposición, Lourdes, agregó que hay una perdida de autonomía de los órganos de control e investigación de 2020.
Dentro de la denuncia de Somos Defensores no solo está el sometimiento del que fueron víctimas los y las defensoras ambientales, sino también las condiciones precarias en las que viven, la ausencia de una política de liderazgos participativa y que tenga tres aspectos claves como son la prevención, protección y garantías de no repetición.
Lourdes también cuestionó la acción del Estado, que se limita a militarizar los territorios, trayendo consigo más violencia. Al igual que Global Witness, organizaciones como Somos Defensores y la Comisión de Justicia y Paz han denunciado los nexos entre empresas, Fuerza Pública y la institucionalidad que termina favoreciendo intereses privados y representando un mayor riesgo en la autonomía de las comunidades indígenas, afros y campesinas que se ven en riesgo por el accionar violento de la Policía, el Ejército y compañías de seguridad.
«70 empresas, fundamentalmente del sector minero tienen habilitados convenios de este tipo. La existencia de estos convenios constituye un factor de riesgo, se rompe la imparcialidad de las instituciones, la lógica que se impone es la de defender a la empresas por encima de las comunidades».
Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores.
Lourdes mencionó también que «las mujeres defensoras no solo se enfrentan a los riesgos conocido en su labor de defensa, también se enfrentando a ataques particulares en relación a su género» y aseguró que al igual que este problema y el cumplimiento de las obligaciones estatales no esta siendo tenido en cuenta por el Gobierno Nacional.
Dentro de las solicitudes y recomendaciones de Lourdes también están la verificación internacional y la exigencia de los deberes acordados en el Acuerdo de Paz y las responsabilidades internacionales del Gobierno Nacional.
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