La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, recopiló más de 30 casos de tortura en contra de ciudadanos a manos de la policía que se desarrollan en varias estaciones de policía y por ello denuncia que esos espacios que deberían ser para la seguridad de la ciudadanía, se están convirtiendo en centros de tortura en donde las personas son fuertemente golpeadas, insultadas, y amenazadas de muerte en caso de querer denunciar. La mayoría quedan en la impunidad por lo que muchas veces son reiterativas.
Credhos documentó hechos irregulares por parte de cerca de 11 integrantes de la institución en diversos rangos y contra toda tipo de personas, en varias de las denuncias documentan que conducen a las víctimas a estaciones de policía en la ciudad para someterlos a interrogatorios con prácticas de tortura, intentando que confiesen delitos que nunca han cometido, en caso de hallar que no hay responsabilidad de los detenidos, los han amenazado de muerte, los han sometido a allanamientos ilegales a sus hogares para volverlos a detener y torturar.
Torturas, allanamientos y amenazas de muerte son los casos más recurrentes según CREDHOS
Uno de los casos que más llama la atención de la denuncia, es el de un ciudadano que a momento de ser requerido no portaba su documento de identidad, por este hecho fue conducido a una estación, torturado y luego dejado en libertad. Al día siguiente su casa fue allanada y sin orden alguna fue conducido de nuevo a la estación para ser torturado de nuevo durante 3 horas en las que se habría intentado que confesara un delito. Luego de 3 horas de tortura fue dejado en libertad nuevamente y amenazado de muerte.
El 24 de abril de 2020, en el corregimiento de San Rafael de Chucurí, una persona fue detenida por los patrulleros MARIO ORTIZ y SEBASTIAN RODRIGUEZ, conducida a la Estación de Policía y allí golpeada en repetidas ocasiones, debido a que no presentaba su documento de identificación en el momento en que fue abordada por la Policía, a pesar de que la víctima dio a conocer su número de identificación. El 25 de abril de 2020, los patrulleros mencionados junto con el sargento RAMON LISO ingresaron arbitrariamente a su vivienda y frente a sus hijos y compañera procedieron a golpearlo y amenazarlo de muerte. Luego fue conducido nuevamente a la Estación de Policía donde siguieron agrediéndolo durante dos horas hasta que fue dejado en libertad.
Policía rompió el diálogo con organizaciones sociales en Barrancabermeja
Según CREDHOS y varias organizaciones de DDHH, durante el Paro Nacional este tipo de hechos se incrementaron y el alto nivel de impunidad en el que se encuentran permite que la institución policía tenga la posibilidad de seguir cometiendo estos delitos e irregularidades en contra de las personas que son detenidas, bien sea porque son responsables de algún delito o sencillamente porque están bajo sospecha de los patrulleros. Esta situación genera desconfianza de la ciudadanía y pérdida de legitimidad en la labor de brindar garantías de seguridad en medio de una creciente ola delincuencial en todo el país.
Según la organización, nisiquiera hay canales de diálogo que permitan establecer acuerdos con la institución desde que se rompió el canal de diálogo que se había establecido. Es así que desde el 22 de Mayo de 2020 no existe ninguna posibilidad de encuentro, pues el comandante de policía, Adolfo Martínez Bustos, rompió el diálogo y esa posibilidad de acercamiento.
Es importante mencionar que el 22 de mayo de 2020 en medio de un Plantón frente a la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, el comandante de Policía coronel ADOLFO MARTÍNEZ BUSTOS a través de vía telefónica rompió el diálogo e interlocución que desde hace varios años organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos habían sostenido con la Policía Nacional.
Comunicado de Denuncia
Organizaciones exigen frenar la brutalidad policial
Por estas situaciones CREDHOS solicitó a la Procuraduría que se adelanten las indagaciones necesarias para establecer las causas que permiten la sistematicidad en los hechos por parte de los agentes. Así mismo solicitaron a la Fiscalía que agilicen las investigaciones para que los responsables de las torturas sean llevados ante la justicia y se garantice que la impunidad no siga permitiendo los crímenes que cometen los agentes.
A la Defensoría del Pueblo le solicitaron que se adelanten las acciones para garantizar la seguridad de los habitantes de la ciudad y que se hagan las denuncias necesarias desde esa institución del Estado. » promover las garantías para la protección de los derechos humanos de la población que ha sido víctima de la brutalidad policial en la ciudad».
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