Karen Abudinen. Fotografía de Twitter @CamaraColombia.
Este lunes 6 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá investigación disciplinaria formal a la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, por el polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, consorcio con el que supuestamente llevarían Internet a 7 mil escuelas rurales en 15 departamentos del país.
La Procuraduría buscará determinar si hubo omisiones por parte del Ministerio en la firma del contrato ante la presentación de pólizas bancarias falsas con las que fueron entregados $70.000 millones de pesos como anticipo de la inversión de 1 billón de pesos acordada en el contrato.
«La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”. Afirmó la Procuraduría.
Karen Abudinen insiste en «seguir trabajando»
La ministra Karen Abudinen afirmó durante el debate de la moción de censura en su contra el pasado 3 de septiembre frente al Congreso de la República que ella no se robó el dinero como muchos afirman y que con su renuncia son los corruptos los que se benefician, sin embargo, los y las senadoras y representantes le recordaron que su trabajo no ha sido eficaz y no ha alcanzado las metas propuestas por su ministerio.
A la polémica también se sumó la curiosa respuesta de la Real Academia Española, que documento como verbos de reciente creación en redes sociales el termino «abudinar» y «abudinear» como robo o estafa. La ministra, también afirmó que se trata de un matoneo digital del que ha sido víctima y pidió que la RAE que desmienta el uso que han dado los colombianos a su apellido.
Por su parte la Contraloría también ya abrió un proceso de responsabilidad fiscal del convenio entre MinTIC y la UT Centros Poblados y se adjudicó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, la realización de un nuevo contrato.
Las dudas sobre la imparcialidad de la Procuraduría y las razones del impedimento que no aceptó
Sobre esta investigación reposan varias dudas que dejarían en entredicho una decisión que, para algunos, ya es absolutoria. Una de ellas es que la Procuradora es ex funcionaria del gobierno y por tanto cercana a todo el gabinete. Es decir, que tendría que investigar a una de sus colegas y copartidarias, pues ambas son cuota política del Clan Char de la costa.
Un segundo elemento es que Alberto Mario Caparroso Cabello, hijo de la procuradora ha firmado por lo menos dos contratos con las alcaldías controladas por los Char en Barranquilla. El primero fue firmado en 2019, en la misma administración en la que trabajó Abudinen, por $537.160.258 y un segundo contrato con la alcaldía para mantenimiento y adecuaciones de parques al suroriente de Barranquilla por un valor de $280.443.496.
Un tercer elemento por el que se tejen dudas sobre los resultados que arroje esta «investigación» es que Cabello y Abudinen se reunieron en dos ocasiones, tan solo unos días antes de la firma del contrato con el consorcio Centros Poblados, situación que genera dudas pues Abudinen podría estar buscando blindarse de cara a las irregularidades que ya estaban advertidas y se habían evidenciado en la licitación para ese momento.
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