Presidente colombiano Iván Duque y Karim Khan, fiscal de la CPI. Fotografía Presidencia.
Tras una Reunión en la que participaron la Jurisdicción Especial de Paz, la Procuraduría General de la Nación, el presidente colombiano Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, la CPI anunció este jueves 28 de octubre que se cierra el examen preliminar de Colombia ante el tribunal global.
Este examen preliminar se abrió hace 17 años (2004) para evaluar al Estado ante los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en casos como las ejecuciones extrajudiciales, la extensión del paramilitarismo, los desplazamientos forzados, la vinolencia de género y desde 2016 con los cumplimientos del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC.
Este cierre expresa un acuerdo entre el gobierno Duque y la CPI en el que estarían incluidos compromisos para que no se sostengan los ataques por parte del gobierno y el partido de gobierno en contra de la JEP tanto en materia política como en materia económica, además de que se sigan brindando las garantías para que la UIA JEP trabaje de manera efectiva e independiente de la Fiscalía General.
El fiscal de la CPI, también señaló que, se cumple con las garantías de justicia por medio del funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, Justicia y Paz, JEP; la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. “Hoy vamos a trabajar de manera más estrecha, pero el principio a partir del cual usted anuncia este cierre del examen preliminar, es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país, históricamente en estos 17 años para tener una Fiscalía General de la Nación robusta, solida, independiente y eficaz, con capacidad de esclarecer los crímenes”, expresó Karim Khan.
Víctimas considera que decisión de la CPI puede acarrear más impunidad si la JEP no actúa con mayor eficacia e independencia
La Red de comunidades Somos Génesis lamentó de la decisión de la Corte Penal Internacional, en la medida en que existen suficientes elementos de juicio para mostrar que la impunidad persiste en Colombia y que, por ejemplo en el caso de terceros despojadores, como sucede en el Bajo Atrato, no se ha desarrollado ninguna investigación eficaz e integra, que permitan que se modifique el despojo. Por el contrario se efectúan las operaciones de despojo en estos territorios de comunidades negras e indígenas y campesinas apuntó uno de los voceros de la Red Somos Génesis.
Adicionalmente, señalaron con preocupación que sigue siendo limitada la posición de la Jurisdicción Especial de Paz en el recibimiento para el sometimiento de actores claves en desarrollo del conflicto armado, que han aportado verdades extrajudiciales a las comunidades, pero que la JEP no ha judicializado y que permiten esclarecer masacres ocurridas en los años ochenta y el desarrollo de la estrategia del Estado, en la consumación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se mantienen hasta el año 2016.
También cuestionaron la continuidad de un sistema judicial de justicia que incluye la ley 975 y la y la misma JEP, sin que se haya hecho una lectura un poco más crítica de los avances en materia de verdad y la CPI, dejó en estas instancias judiciales que quizá requerirían la asesoría de la Corte Penal Internacional y eventualmente una reforma judicial, que habiliten nuevos escenarios de nuevas disposiciones para la consolidación real de la paz en Colombia.
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Colombia deberá presentar informes anuales ante la CPI
El Acuerdo entre el Gobierno colombiano y la Oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional cuenta con siete artículos, en los que se establece que el Estado colombiano presentará informes anuales a la CPI. “El gobierno se compromete a presentar un informe anual a la CPI sobre el trabajo que se está realizando y el esfuerzo que se necesita para que se alcance la verdad y justicia en Colombia (…) me complace decir que Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales”, agregó el fiscal Karim Khan.
Otras reacciones ante el anuncio de la CPI y el respaldo a la JEP
El abogado Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), manifestó que este examen «contribuyó a lograr que el Acuerdo de Paz no se basara en la impunidad, sino en la aceptación de un sistema de justicia transicional. Este sistema ha sido acompañado por la Fiscalía de la CPI, gracias al examen preliminar, para fortalecerlo y preservarlo frente a los ataques o falta de colaboración de parte de sectores opuestos al Acuerdo dentro del país, incluido el Gobierno».
«Suscriben este Acuerdo dejando claro que el Estado tiene que seguir permitiendo ese escrutinio internacional y tiene que seguir rindiendo cuentas de qué está pasando en la justicia ordinaria, en Justicia y Paz y ahora en la Jurisdicción Especial de Paz y que esa cooperación se va a mantener. Esta decisión se puede reversar si cambian las circunstancias o el Estado toma medidas que afecten a las víctimas», informó el abogado Alirio Uribe.
La JEP, también mostró su postura con la decisión y afirmó que es respuesta al trabajo realizado durante estos años en pro de las víctimas de décadas de conflicto armado. La Jurisdicción también señaló que el Gobierno se comprometió a proporcionar el presupuesto necesario para el funcionamiento del ente y que en virtud de lo pactado «el Gobierno colombiano se obliga a garantizar la seguridad de las víctimas y de los comparecientes ante la JEP, lo cual implica que tiene que implementar todos los puntos pendientes del Acuerdo de Paz.
En especial aquellos encaminados a ponerle fin a la violencia, tales como: la adopción de una política pública idónea y potente para lograr la desmovilización o desarticulación de los grupos armados residuales y bandas criminales herederas del paramilitarismo; la puesta en marcha de una reforma rural integral, y la intensificación de los esfuerzos por sustituir los cultivos ilícitos y acabar con las rentas del narcotráfico que luego son invertidas en la guerra».
El abogado Gallón, también manifestó que «el cierre del examen está acompañado de un espaldarazo a la JEP» y que habría sido mucho mejor mantenerlo, al igual que Alirio Uribe, el director de la CCJ, reconoce que el Gobierno y los sectores contrarios al Acuerdo de Paz quedaron advertidos de que cualquier ataque contra este o cualquier intento de modificación del sistema de justicia transicional puede dar lugar a la reapertura del examen preliminar o a la presentación de casos de Colombia ante la CPI.
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