Carlos Moreno Tuberquia. Fotografía tomada de Infobae.
Este miércoles 9 de marzo, se conoció una importante noticia para las comunidades del Chocó. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción de tutela presentada por líderes y lideresas de la región y cuyo objetivo es frenar la extradición en contra del exfeje paramilitar, Carlos Antonio Moreno Tuberquia o alias «Nicolás».
La tutela se presentó este 2 de marzo tras la decisión que tomó la misma Corte y que el presidente Iván Duque firmó el pasado 13 de diciembre de 2021, en la que se aprobó la salida del país de alias «Nicolás». La acción legal de las y los líderes contó con el acompañamiento del equipo jurídico de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que lleva un proceso con las comunidades de Bajo Atrato desde el año 1997.
Semanas antes de este hecho, un medio de comunicación colombiano dio a conocer la renuncia a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de Moreno Tuberquia. El retiro del segundo jefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se argumentaba como una demostración de que no busca evadir a la justicia norteamericana.
“Manifiesto mi intención de renunciar a la garantía constitucional de no extradición, en el caso de ser aceptada la competencia por parte de la Jurisdicción. (…) no es mi interés evadir la solicitud de extradición que versa en mi contra respecto al trámite que se surte en esta jurisdicción”.
Se lee en la misiva enviada por el exparamilitar a la JEP.
Comunidades exigen verdad sobre hechos victimizantes y no solo acerca de las drogas
Pese a las voces que reclaman una extradición para alias «Nicolás» y el maximo cabecilla de las AGC, alias «Otoniel», las comunidades insisten en que los responsables de hechos victimizantes deben dar respuesta a los hombres, mujeres, niños y niñas afectados por sus acciones.
“Esta decisión del responsable de múltiples victimizaciones de comunidades negras, indígenas y campesinas, si bien es un derecho del procesado, es un mensaje errado frente a la capacidad del aparato de justicia colombiano de esclarecer y sancionar, y lo más delicado un desconocimiento fáctico a las víctimas étnico territoriales del bajo Atrato, Meta y Casanare que han padecido las actuaciones en diversos roles y organizaciones que ha cumplido Carlos Mario Tuberquia desde los 80 hasta agosto de 2018 cuando se entregó o fue capturado».
Señaló la Comisión de Justicia y Paz, representante de las comunidades víctimas.
Las comunidades también expresaron que la figura de la extradición es un «obstáculo» y «mecanismo de impunidad» para las víctimas.
“Si la justicia colombiana obra en derecho, responsables de crímenes sistemáticos y crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados en Colombia, antes que sean trasladados a terceros países en que se les juzga por tráfico de drogas. Allí entregarán información de algunas rutas, algún dinero, saldrán en libertad y las comunidades continuarán soportando la destrucción de sus proyectos de vida y seguirán siendo víctimas de una guerra que oculta tras de sí el interés de sectores poderosos que quieren hacerse a la tierra para la agroindustria y el extractivismo irracional».
Comisión de Justicia y Paz.
Finalmente las comunidades y la Comisión hicieron un «llamado a la comunidad internacional para hacer seguimiento y observación sobre los pronunciamientos que se puedan dar de esta acción jurídica, en defensa de los derechos de las comunidades a la verdad en Colombia».
Tuberquia es responsable de violaciones de DD.HH perpetradas en contra de comunidades negra, indígenas y campesinas del Bajo Atrato chocuano. En su contra había diez órdenes de captura por los delitos como homicidio agravado, desaparición forzada y desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y financiación del terrorismo, y por esos mismos era solicitado en Estados Unidos.
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