El próximo 8 de febrero en San José, Costa Rica, sucederá la audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinará cual es la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP.
Para iniciar la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expondrá los motivos por los que aceptó el caso. Las causales determinadas por la Comisión son: hostigamientos; desplazamientos forzados; tentativas de homicidio; y desapariciones forzadas.
Al respecto determinó que fueron perpetrados «por agentes estatales como actores no estatales con la tolerancia y aquiescencia de aquellos».
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La Unión Patriótica
El origen de la Unión Patriótica como movimiento político data de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1985. El surgimiento de la UP resulta de un acuerdo para ampliar la participación política y es un mecanismo de transición para las FARC de las armas a la política.
Este movimiento se presentó como una fuerza política y social alternativa a los partidos Liberal y Conservador. Por esta razón, debido a las transformaciones político-administrativas de los 80’s y el apoyo manifiesto de sectores marginados, sindicalistas, campesinos y militantes de diferentes sectores alternativos y de izquierdas; la UP consiguió destacados resultados en las elecciones legislativas de 1986.
En los primeros años de participación política, la UP consiguió elegir 16 alcaldes, 256 concejales y 16 congresistas. Sin embargo, a razón del posicionamiento del movimiento político como fuerza alternativa fue víctima de estigmatización, persecución y exterminio.
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El exterminio de la UP
Antes de que la Unión Patriótica participara por primera vez del ejercicio electoral sus militantes de base, simpatizantes y dirigencias ya eran víctimas de persecución. Es más, previo a las elecciones legislativas de 1986 se sumaban cerca de 250 asesinatos a miembros de la UP.
La política de persecución y exterminio a la UP comenzó en el gobierno de Belisario Betancur, se mantuvo en el de Virgilio Barco y se extendió hasta principios de la década del 2000. Hasta hoy, se estima que hay cerca de 6.002 víctimas de amenazas, exilios, torturas, atentados, asesinatos selectivos, masacres y desapariciones.
Esto respondió a la intención de hacer desaparecer a la UP como fuerza político-social y debilitar los procesos organizativos populares limitando la participación política de una gran parte de los colombianos.
Las dirigencias del partido también fueron víctimas del exterminio; alcaldes, concejales y congresistas fueron amenAzados y asesinados. Incluso dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, fueron asesinados.
Con el homicidio del senador Manuel José Cepeda en 1994, se sentenció el final de la UP como un movimiento político capaz de reunir a los diferentes sectores alternativos en el país. Los pocos dirigentes que quedaban en el partido tuvieron que exiliarse, las bases estaban totalmente desarticuladas a razón del asesinato de la mayoría de sus integrantes y quienes aún simpatizaban con la UP tenían miedo de ser víctimas de algún hecho violento.
En el año 2003 Consejo Nacional Electoral le quitó la personería jurídica a la UP luego de que en elecciones de 2002 no consiguiera reunir más de 50.000 votos. A partir de ahí los integrantes de la UP continuaron la lucha por la reivindicación y memoria de las víctimas del exterminio que impidió que consiguieran el desarrollo de su actividad política.
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¿Cuál es la responsabilidad del Estado?
En 1993, en pleno desarrollo del exterminio, Jahel Quiroga, concejal de Barrancabermeja por la UP, radicó a través de la Corporación Reiniciar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la responsabilidad del Estado. El proceso de aceptación del caso fue largo y complejo, sin embargo, la CIDH tenía razones suficientes para declarar la responsabilidad estatal en el exterminio, entre las que se encuentran omisión, estigmatización y vinculación de algunos funcionarios públicos a muchos de los casos presentados.
Tiempo después, en el marco de los diálogos de paz entre Andrés Pastrana y las FARC, la CIDH sugirió al Estado colombiano iniciar un proceso de reconciliación amistosa, de forma que se evitaría la intervención de la justicia internacional. De acuerdo a esta sugerencia se realizó un acuerdo suscrito en el año 2000. Dicho acuerdo contemplaba el desarrollo de un plan de protección y seguridad para los militantes de la UP y el inicio de algunos procesos para la búsqueda de la verdad.
El acuerdo se vio interrumpido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quién se opuso a reconocer cualquier tipo de responsabilidad del Estado. Durante todo su mandato, del 2002 al 2006, no avanzó en la construcción de los diálogos y responsabilidades que existían en el acuerdo lo cual liquidó la posibilidad de un proceso de reconciliación.
En vista de las dificultades que presentaba el proceso y la negativa del Gobierno Uribe a reconocer la responsabilidad del Estado en el caso, víctimas del exterminio en Antioquia en cabeza de Consuelo Arbeláez, viuda del dirigente Gabriel Jaime Santamaría y Gloria Mancilla viuda de Miguel Ángel Díaz iniciaron su propio litigio ante la instancia internacional.
Tal es el caso de Iván Cepeda, pues también inició su propio litigio e incluso consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallara a su favor. Esto implico el reconocimiento de la responsabilidad estatal en el homicidio de su padre, entonces senador, Manuel Cepeda Vargas.
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Intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe se presentó una negativa constante a la continuación del acuerdo amistoso de reconciliación sugerido por la CIDH. Pero años después, en medio de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, las víctimas esperaban que se abriera un espacio de discusión en torno al exterminio de la UP con la esperanza de reiniciar dicho acuerdo.
No obstante, en vista de que en el marco de esos diálogos de paz no brindaban garantías para la solución del pleito la CIDH admitió el proceso y determinó la responsabilidad del Estado. Así, emitió un documento mediante el cual recomienda garantizar plenas garantías que establezcan mecanismos de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, decidió no hacerlo.
Esta es la razón por la cual ahora la Corte Interamericana dictaminará la responsabilidad del Estado en el exterminio contra la UP, en una audiencia que se desarrollará el 8 de febrero en San José, Costa Rica.
Finalmente, la Corte Iberoamericana tomará una decisión frente a este capítulo de violencia política que dejó un saldo aterrador de 6.002 víctimas directas entre los que se encuentran 476 por casos de desaparición, 3.098 por homicidio y cientos por violaciones a los Derechos Humanos.
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