La Corte Constitucional declaró que la Cadena Perpetua para quienes cometan crímenes contra menores de edad, no se puede aplicar en Colombia, pues tiene prelación la dignidad humana y otras disposiciones del derecho penal colombiano, referentes a la protección de los niños y las niñas y que de aplicarse de la manera pertinente, podría garantizar la reducción de este tipo de delitos.
Esta norma se había tramitado por parte del gobierno de Iván Duque ante el Congreso de la República, a pesar de que eran muchas las advertencias de expertos juristas nacionales e internacionales en el sentido de que no se apegaba a la constitución. Sin embargo, el gobierno insistió y por ello muchos calificaron esa cruzada como «populismo punitivo» por considerar que se trataba de una jugada política del uribismo más que un interés legítimo en la protección de los derechos de la niñez.
Cristina Pardo, Magistrada ponente de esta decisión aseguró que «También hay que mencionar que una pena como esta, dadas las actuales condiciones carcelarias, lo que genera es un mayor problema. No hay resocialización. Las personas con estas penas, tienden a aislarse, tienen mayores problemas psiquiátricos»
Esta posición ha sido respaldada por diversos personajes de la vida pública que han señalado que no hay un interés legítimo por parte de Iván Duque y los partidos de gobierno en proteger los derechos de los niños y las niñas en Colombia, pues si así fuera habría una sanción inmediata en contra de funcionarios que afectan los derechos a la vida digna y a la educación, trayendo a colación el reciente escándalo de corrupción en el contrato para dotar de internet a más de 10,000 escuelas y colegios de lugares apartados del país.
El uribismo no tiene un interés legítimo en garantizar los derechos de las niñas y niños en Colombia
Para otro sector de opinión lo importante es que se fortalezca el sistema judicial colombiano se considera apenas hasta de 60 años de cárcel, lo cual con la esperanza de vida en Colombia es equiparable a una cadena perpetua, además las reformas legales también deberían estar apuntando a la posibilidad de resocialización de quienes cometen delitos pues es lo que garantizaría en términos reales la restauración del daño a la sociedad en general.
«Esta decisión de la @CConstitucional era obvia. La cadena perpetua es contraria a los principios esenciales de nuestra constitución. Ojalá de una vez por todas se entienda que la justicia no es venganza.» Guillermo Rivera
Por su parte, el gobierno Duque y el sector Uribista en el Congreso han anunciado que promoverán un referendo contra la Corte Constitucional para sacar adelante el programa bandera de estos 4 años de gobierno, sin embargo, esa salida ya está siendo calificada como otro ataque a la constitución, pues se convoca a la llamada «opinión pública» a combatir en contra de las instituciones lo cual sentaría un precedente desastroso para la democracia.
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