El ex director de la Picota, el Coronel Wilmer Valencia, destituido por el escándalo de los permisos y las prebendas a favor de Carlos Mattos, tenía la idea de hacer elegir a su esposa Luz Estella Quenza Becerra, como Representante a la Cámara, obligando al ex gobernador de Arauca, Facundo Castillo, a hacerle campaña desde la cárcel a cambio de algunos beneficios como visitas, uso de celulares y permisos para reuniones.
La denuncia fue realizada por el portal informativo «La Nueva Prensa» en el que trabajan, entre otros, Gonzalo Guillén y Julián Martínez. En la investigación se encontró que esta práctica de constreñimiento al elector se volvió costumbre de Valencia con tal de favorecer sus intereses políticos y los de su familia.
Son varios los testigos que dan cuenta de las irregularidades que se están cometiendo para buscarle votos a Luz Estella Quenza Becerra, quien aspira a la Cámara de Representantes por Arauca con el aval del Partido Liberal, como fórmula con el cuestionado Miguel Ángel Pinto que busca reelegirse en el Senado. Además, Quenza Becerra tendría el apoyo del gobernador Julio Acosta Bernal, condenado por vínculos con paramilitares, contratación irregular y peculado por apropiación.
Además, según la investigación de periodística, si Facundo Castillo no accedía a las exigencias del Coronel y director de la Picota, se estaba arriesgando a castigos severos de hasta dos meses sin visitas, por lo que Castillo decidió pedir traslado de prisión.
Condiciones de reclusión para la mayoría de los internos de la Picota son indignas
Con la salida de Valencia de la dirección de la cárcel se le podría enredar el negocio de poner a su esposa a negociar desde la Cámara de Representantes, además perdería el poder sobre Castillo para seguir haciendo campaña.
Por otra parte, esta situación, sumada al escándalo de Diego Cadena de paseo por Panamá y Mattos despachando desde su oficina, ha despertado fuerte indignación de cientos de personas, familiares y los mismos internos que ven las condiciones de reclusión como inhumanas mientras otros detenidos gozan de privilegios definidos por su poder electoral y económico que se mantienen intactos.
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