Justo cuando se esperaba que el gobierno Duque y el Ministerio de Defensa asumieran con responsabilidad una reforma a la Policía para que fuera más respetuosa de los DDHH y se enfrentara la impunidad que cobija los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, el gobierno envió un proyecto de «contrareforma» que endurece las penas en contra de los ciudadanos que «agredan a servidores públicos» o afecten infraestructura de seguridad como los CAI.
Llama la atención el hecho de que, a pesar, de la impunidad a favor de policías que serían responsables de muchos de los crímenes cometidos en el Paro Nacional, lo que se busque sea castigar con mayor severidad y sin beneficio de excarcelación a quien sea acusado de enfrentar una agresión policial como las cometidas por el ESMAD.
«cuando se cometa daño en bien ajeno, sobre la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, al transporte público masivo, a las instalaciones Militares, de Policía, o de servicio a la justicia, las penas tampoco podrán ser excarcelables, con una condena de 4 a 12 años de cárcel»
Diego Molano
Ley de Seguridad ciudadana ataca a los ciudadanos y privilegia a la policía
Esto, en contraste con la persecución por parte la fiscalía contra los jóvenes de la Primera Línea, que llevan cerca de 30 capturas en Cali, Bogotá y Medellín, Muchos de los cuales recibieron el beneficio de casa por cárcel dado que no representarían un peligro para la sociedad según los jueces que han conocido los casos.
Este proyecto, además de endurecer las penas contra los ciudadanos también proyecta beneficios como la gratuidad del transporte público para integrantes de la Fuerza Pública y prioridad en la atención en entidades del Estado, lo que hasta ahora, estaba limitado para mujeres embarazadas o con niños de brazos y personas de la tercera edad.
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