Foto: La prensa
7 Feb 2019
Tras la nueva condena a 12 años y 11 meses de prisión, emitida este miércoles en contra del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por los delitos de corrupción y lavado de dinero, han surgido nuevos interrogantes sobre la consistencia de las pruebas emitidas desde la parte acusatoria.
En el proceso conocido como «casa de campo Atibaia«, adelantado en el marco de la Operación Lava Jato, se consideró que Lula da Silva se benefició con coimas a través de reformas a una propiedad ubicada en el municipio de Atibaia, localizado en el estado de Sao Paulo, acusaciones que la defensa del ex presidente desestima y buscará apelar la decisión.
En las consideraciones de la jueza Gabriela Hardt, quien relevó en el caso al hoy ministro de justicia de Bolsonaro Sergio Moro, la información aportada es suficiente para comprobar que existió un crimen de corrupción pasiva, lo que legalmente debería demostrarse al identificar el beneficio conseguido por un funcionario público y precisar la ejecución de un «acto oficial» en su consecución, evidencias que no se presentan en la determinación.
El sustento utilizado por la parte acusatoria, se afirma que Lula habría actuado para beneficiar a las empresas contratistas OAS, Schahin y Odebrecht, por una serie de reformas que las compañías habrían financiado a casa de campo a cambio de contratos con la estatal Petrobras. La acusación se refiere a una suma de 920 mil reales que habría recibido Lula por las reformas hechas a la propiedad.
Lo contradictorio es que la sentencia no identifica a Lula como propietario de la casa de campo, sino al empresario Fernando Bittar, argumento que fue presentado por la defensa, alegando que no existe algún tipo de beneficio para el dirigente del Partido de los trabajadores (PT), que no pasaba de conocer y visitar el lugar en ocasionalmente.
A través de un comunicado el PT ha calificado la decisión como un «acoso judicial», asegurando que se han presentado injusticias y atropellos durante el proceso. El movimiento asegura que Lula es un preso político, y convoca a nuevas movilizaciones en diferentes ciudades del país para este jueves.
