Fotografía: manifestación de denuncia de 2018, credito – Sudamérica Rural
Este 2 de septiembre, la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá y la Unidad Indígena del pueblo Awá UNIPA emitieron un comunicado para denunciar frente a la comunidad nacional e internacional la crisis humanitaria que están sufriendo en su territorio, y para pedir diálogo inmediato con el Gobierno Nacional. Lo que se exige es “conversar de gobierno a gobierno para construir estrategias de solución integral a las necesidades estructurales del pueblo Awá UNIPA, que permita las condiciones para una paz total en el territorio”.
Desde los años 90 el pueblo Awá en Nariño ha sufrido las consecuencias de la presencia de grupos armados en su territorio, entre estos destacan las disidencias de las Farc, grupos menores que se dedican a actividades relacionadas al narcotráfico y carteles mexicanos. La presencia de estos grupos ilegales ha causado que durante muchos años la comunidad sea blanco de atentados, asesinados y amenazas; tan solo en el primer semestre de 2022 se contaban 88 familias Awá desplazadas, por un total de 1384 personas, como se denunció en la Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad en Julio.
El comunicado quiere alertar sobre la violación sistemática de derechos humanos por parte de los grupos armados en los resguardos de esta comunidad, que generan terror e impiden el normal desarrollo de actividades cotidianas. Para consolidar la denuncia, se describen diferentes hechos que han ocurrido considerando solamente el pasado mes de agosto.
Hechos violentos denunciados en el comunicado del pueblo awa
Yobani Andrés Cabezas y Bautistas Ortíz vivían en el resguardo El Gran Sábalo, en el municipio de Barbacoas. El día 6 tuvieron que desplazarse forzosamente y abandonar sus hogares para refugiarse con sus familias en el resguardo Ishu Awá, en el municipio de Ipiales, a causa de amenazas perpetradas por actores armados ilegales. A pesar de esto, el día 14 fueron secuestrados y el 23 se encontraron sus cuerpos sin vida, juntamente a los de otras cuatro personas. Sus cuerpos fueron reportados en la vereda Brisas del Palmar, en el Bajo Putumayo.
En la tarde del 27 del mismo mes en el corregimiento de Llorente, jurisdicción del municipio de Tumaco, un carro particular fue atacado al kilómetro 92 con cuatro balas, se desconoce todavía el móvil. En el vehículo viajaban cuatro personas de las que dos son docentes, y uno de ellos, del Centro Educativo Indígena Awá Calví, resultó herido.
Llorente sufre constantemente tiroteos, hostigamientos y enfrentamientos. Uno de los aspectos que más se ve afectado es la educación y su normal desarrollo. Lo mismo pasa en las comunidades del resguardo El Gran Sábalo, Guisa Sábalo, El Verde, Albicito, El Mero, Matarroso y Panelero. A causa de la restricción de la movilidad, de la presencia de minas, de la estigmatización a las familias indígenas y de los enfrentamientos entre grupos armados, 745 personas se encuentran confinadas y esta situación altera la prestación del servicio educativo. Las familias, de hecho, no tienen la seguridad de que las escuelas sean un espacio protegido, como establece el Derecho Humanitario Internacional, y desconfían de mandar los hijos.
El 29 en El Pinde, corregimiento de Llorente, fue asesinado un joven de veinte años, del resguardo Piedra Sellada. Su nombre era Luís William Canticus Pai y deja a su mujer y a su hijo.
El 30, en el mismo resguardo, en la comunidad Quebrada la Hondita, hombres armados ingresan forzosamente a la casa de Jhon Wilmer Bisbicus Macuacé, 28 años, cuyo cuerpo se encontrará horas después sin vida, en la vereda El Vallenato del río Mira. Deja tres hijos menores desamparados.
El Gobierno debe responder
La comunidad Awá lamenta estos acontecimientos y el riesgo para su sobrevivencia física y cultural; por esta razón piden al Gobierno que cumpla algunas peticiones para asegurar que se trabaje en el territorio con el fin de garantizar una vida digna a la población.
Los puntos mencionados son:
- Una visita urgente de verificación con el objetivo de garantizar la cobertura de necesidades básicas;
- La participación activa del pueblo Awá UNIPA en el Plan Nacional de Desarrollo;
- A Francia Márquez se le solicita una mesa de seguimiento del Auto 620 de 2017; que concerne la protección de las comunidades indígenas y afrodescendientes, víctimas de desplazamiento forzado a causa de la expansión y de las acciones de grupos armados ilegales, restricciones, confinamientos, las amenazas, los secuestros, los homicidios;
- La realización de una Audiencia Pública en el territorio presidida por la Comisión de Paz del Senado;
- El cumplimiento de los compromisos acordados en las mingas de los años pasados;
- A la Defensoría del Pueblo se pide que actualice la Alerta Temprana desde un enfoque indígena;
- Al Ministerio del Interior, de reactivar la Mesa de Concertación para el pueblo Awá – MCAWA, establecida bajo el Decreto 1137 de 2010;
- El cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 894 de 2022, concerniente medidas cautelares para la protección de comunidades de regiones afectadas por emergencias humanitarias recurrentes, entre ellas Nariño;
- Una audiencia de seguimiento de las Medidas Cautelares MC6111 de 2011, por parte de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos);
- Que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y el Sistema de Naciones Unidad acompañen a la comunidad Awá;
- Que la comunidad internacional se haga también garante de los espacios de diálogo entre la comunidad Awá y el Gobierno.
Lea también:
“Están matando a nuestros jóvenes”: Edson Hormiga, coordinador regional juvenil de Caldono, Cauca
