Los cabildos indígenas y resguardos Nasa del Putumayo denunciaron que continúan las erradicaciones forzadas en su territorio, lo que según ellos «desconoce su autonomía territorial, ancestralidad y el derecho de consulta para ingreso al territorio.»
La comunidad delcabildo Nasa Yuluucx (Las Minas), Puerto Asís, denunció a través de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que en la mañana del viernes 19 de febrero, unidades de la policía antinarcóticos, acompañados de erradicadores civiles y presencia del ESMAD, ingresaron a predios de comuneros de la comunidad y erradicaron una hectárea de coca que pertenecía a una familia.
Asimismo, se denunció que el pasado jueves 18 de febrero, hacia las 7:30 am las mismas unidades policiales, llegaron para erradicar media hectárea de otra de las familias de la comunidad de Yuluucx.
En contraste, las autoridades y comuneros del cabildo aseguran haber entregado al subteniente de la policía antinarcóticos, Alexander Castro, documentos, actas de posesión y el registro étnico, que acreditan la existencia del cabildo Nasa. Sin embargo, aseguran que el subteniente Castro desconoció los derechos de esta comunidad indígena.
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Militares irrespetan el territorio Nasa
La comunidad de Santa Rosa de Juanambú, que fue víctima de desplazamiento, retornó por iniciativa propia a sus territorios, pese a ello denuncian que no tuvieron ningún tipo de apoyo ni garantía estatal para el retorno y permanencia en sus territorios.
Además, el miércoles 17 de febrero, en el resguardo Santa Rosa de Juanambú, Villagarzón, un helicóptero de la Brigada XXVII de Selva aterrizó en territorio indígena, acción que genera miedo y zozobra en la comunidad.
El cabildo Nasa Kiwnas Cxhabs, denunció esta situación desde el pasado 14 de febrero, sin embargo, no han recibido ninguna respuesta de las instituciones estatales.
Finalmente, las comunidades Nasa aseguran que se sienten amenazadas ante «el reiterado desconocimiento por parte de la fuerza pública de su territorio» y las infracciones al DIH en sus territorios. Además, manifestaron que no existe intervención de las instituciones competentes para la garantía de sus derechos y autonomía territorial.
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