Organizaciones defensoras de Derechos Humanos han manifestado preocupación ante la grave situación de seguridad en diferentes territorios del país. Aunque recién empezó el mes de marzo, ya se han registrado nuevos casos de asesinato, amenazas e intimidaciones contra los líderes y lideresas sociales.
Según cifras de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) ya se registra un total de 28 asesinatos en lo corrido del año, siendo el más reciente el de Jaime Basilio, un líder social e indígena.
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Nuevamente un líder indígena en riesgo por amenazas
El día de hoy Conpazcol (Coordinación Étnica Nacional de Paz) emitió un comunicado en el que se denuncian amenazas contra el líder indígena Ricardo Gonzáles Chirimia del Cabildo Wounan Phobur, ubicado en el corregimiento de Córdoba.
Según la denunciado el día viernes 26 de febrero en horas de la tarde, dos personas llamaron al líder al teléfono celular personal de Gonzáles, advirtiendo que debía acercarse al otro día a la “carretera principal porque lo están buscando desde hace tiempo y tenía que salir”.
Gonzáles fue víctima del desplazamiento forzado por la incursión paramilitar del Bajo Calima en 2003. Según Conpazcol, fue amenazado por asistir a la conmemoración de los 7 años de la marcha para enterrar la violencia en Buenaventura y realizar recorridos con algunas delegaciones de embajadas y organismos internacionales.
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Las peticiones de las organizaciones de DDHH
Conpazcol solicitó puntualmente que se tomen las medidas necesarias frente a esta amenaza contra su directivo y la comunidad, pidiendo el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección y las organizaciones defensoras de Defensoras de Derechos Humanos con presencia nacional e internacional, para que no desconozcan el caso y garanticen la prevención de cualquier crimen en contra de Gonzáles.
El comunicado también advierte que se requiere por parte de la ART (Agencia de Renovación del Territorio) mayor rapidez para reubicar a la comunidad indígena que se encuentra confinada en la zona para no perder su identidad cultural. Según la solicitud esto garantizaría una mayor seguridad para la comunidad y sus defensores de DDHH.
Por otra parte, comunidades y organizaciones insisten en solicitar presencia del Estado, no solamente de las fuerzas militares, sino en toda su institucionalidad.
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