El jefe del Estado y el jefe del ente acusador han tenido en las últimas semanas varios desencuentros por inconvenientes jurídicos en el desarrollo de la política de Paz Total del gobierno Petro. El fiscal estableció varios límites al Gobierno para adelantar los procesos de sometimiento de bandas criminales.
Por Carolina Toro Leyva
Los choques entre el mandatario y el fiscal Barbosa se centran en el levantamiento de las órdenes de captura contra los criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca. Ambos tienen posturas radicalmente opuestas sobre el trato que deben recibir narcotraficantes pedidos en extradición para ponerle fin a la guerra.
Para bajar el voltaje a la discusión, el jefe de Estado publicó en su cuenta de twitter: “He conversado con el fiscal general, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”.
Por su parte el Fiscal señaló «No existe animadversión ni problemas personales entre el fiscal y Gustavo Petro, lo que existe son discusiones naturales en el marco de las competencias que cada una de las entidades tiene en el país»
Barbosa no quiere levantar las medidas de la justicia contra 16 jefes de esas dos estructuras criminales, porque para él “ni el Clan ni los Pachenca tienen carácter político y, por tanto, no existen condiciones constitucionales para aplicar esa medida”.
Urge una ley de sometimiento
Debido a la interpretación del ente acusador hay que resolver el limbo en el que quedo la petición del mandatario para levantar las órdenes de captura. La solución: tramitar una ley de sometimiento que permita reducir penas a narcos porque sin una ruta clara de sometimiento se embolata la paz total de Petro.
Ese tema resultó tan prioritario para el Ejecutivo que adelantaron su presentación de marzo a febrero y las presidencias de las dos cámaras del Congreso están reclamando que se le dé mensaje de urgencia. Por su parte la bancada de gobierno ya está redactando el documento bajo el nombre de “ley de aceptación de responsabilidad penal”.
Se trata de un articulado, que está rodeado del más profundo hermetismo, que busca el sometimiento colectivo de organizaciones criminales que permitiría que grupos como el Clan del Golfo o La Oficina entren en la paz total. Sus autores son los senadores Iván Cepeda (Pacto) y Ariel Ávila (Alianza Verde)
Ya se filtró una parte del borrador que contempla que esos criminales puedan tener el 10% de sus rentabilidades una vez le cumplan al Estado. Esa cuestión no convence a la oposición, que teme que se dé una legitimación de los dineros sucios.
En palabras de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, “preocupa el hecho de que pretendan hacer un lavado de activos permitiendo que las estructuras se queden con recursos de los ilícitos”.
Los del Pacto creen que a partir de esa medida se va a mitigar el narcotráfico, porque los traficantes entregarían información sobre las rutas para enviar ilícitos, los socios que hacen parte de la cadena ilegal y los bienes que han sido obtenidos con esos dineros. Eso sí: habría que rendir cuentas ante la justicia ordinaria.
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