Javier Ordoñez / Fotografía tomada de Twitter.
Tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en el homicidio de Javier Ordóñez, el patrullero de la Policía Nacional, Juan Camilo Lloreda Cubillos, fue condenado a 20 años de prisión.
El juez Juan Carlos Oliveros, avaló el preacuerdo realizado en abril de este año y condenó al patrullero por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado. Lloreda Cubillos obtuvo una rebaja de penas al haber aportado información del caso, en el que otros policías resultaron involucrados.
“Lloreda Cubillos admitió los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, y colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido. Adicionalmente, se comprometió a realizar un acto público de perdón dirigido a las víctimas como componente de reparación y muestra de arrepentimiento”, informó en abril la Fiscalía.
En contexto:
El abogado Javier Ordóñez fue asesinado por la Policía afirman sus familiares
Juan Camilo Lloreda, que aceptó realizar las descargas eléctricas a Javier Ordóñez, también deberá pagar una multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado y suspendido por 20 años de la Policía Nacional por parte de la Procuraduría.
Dentro de sus compromisos también está realizar un acto de perdón con los familiares de Javier Ordóñez. “El objetivo era llegar a una negociación en la que todas las partes estuviesen de acuerdo y finalmente después de verificar los delitos, el material probatorio, subir el monto de la pena, bajar otro tanto, llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas” comentó el abogado del patrullero.
Arbey Rodríguez, quien no alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía deberá enfrentar un juicio por asesinato.
Le sugerimos leer: Senadores de EEUU piden a Biden exigir a Colombia respeto a estado de derecho
Fallo reconoce que la policía ejerce la tortura
Uno de los alcances de este fallo condenatorio es que se comprueba judicialmente que el uso de armas de letalidad reducida, los golpes, los insultos y el amedrentamiento al que generalmente la policía somete a las personas que detiene se configuran en el delito de tortura.
Además, el fallo podría significar un avance para los procesos que las víctimas de la policía en el Paro Nacional adelantan en la búsqueda de justicia. Muchas de las personas detenidas han denunciado que los policías los golpean, los maltratan y hasta amenazan con desaparecerlos lo que podría considerarse tortura.
Continúan las vulneraciones de DDHH por parte de la Fuerza Pública
Desde las protestas de 2019 y hasta la actualidad, han sido frecuentes las denuncias de abuso y uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en Colombia. En el marco del paro nacional, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones defensoras de DDHH han registrado casos de homicidios, agresiones oculares, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública.
Según el registro de la ONG Temblores, en estos dos meses de protesta social van 83 personas asesinadas; 1.677 agresiones, entre ellas 80 agresiones oculares y 114 con armas de fuego; 3.203 detenciones, en su mayoría arbitrarias y 106 personas víctimas de violencia basada en género.
Comisionados de varios países han hecho presencia en el territorio para verificar las graves denuncias de los manifestantes e incluso congresistas de varios países han solicitado que se exija al presidente Iván Duque el respeto por la vida y la protección de los derechos humanos de la población.
La Comisión Interamericana de DDHH, CIDH, también ha realizado recomendaciones al Gobierno Nacional para frenar los abusos por parte de las autoridades, entre ellas que la Policía Nacional sea apartada del Ministerio de Defensa.
Puede leer: CIDH anuncia instalación de Mecanismo Especial de Seguimiento en DDHH para Colombia
