La noticia de la libertad para Edmundo del Castillo y Cesar Mauricio Velásquez, por las llamadas «Chuzadas» que además se tradujeron en amenazas, persecución hostigamiento contra las víctimas, había tejido un manto de impunidad sobre los mas altos funcionarios del gobierno Uribe que habían sido encontrados responsables de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso y violación de comunicaciones agravado, y la elaboración de un plan para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema y congresistas.
Sin embargo, este miércoles el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Dagoberto Gómez tumbó la absolución de los exfuncionarios y aseguró que los argumentos presentados en la decisión de primera instancia que los absolvía, estaba basada en argumentos precarios que no tuvieron en cuenta muchas de las evidencias que había presentado la fiscalía y sobre todo las víctimas en su momento.
Además les impuso la pena de 63 meses y un día de cárcel y la inhabilidad por el mismo tiempo. las cuales deberán ser pagadas, una en centro penitenciario y otra en casa por cárcel y aunque los abogados de los exfuncionarios de Uribe aseguraron que apelarán la decisión, los dos condenados deben ser capturados y puestos a disposición del INPEC, una vez la condena quede en firme.
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Las chuzadas y el plan criminal contra la oposición, congresistas y la Corte Suprema de Justicia
Este episodio de la historia reciente de Colombia tiene su génesis casi en el mismo momento en que se comenzaron a investigar los llamados crímenes de la Parapolítica, en el que congresistas como Mario Uribe estaban comenzando a ser investigados y condenados por sus alianzas con grupos paramilitares para ser electos y luego para favorecer el avance de las políticas «antisubversivas» que esos grupos imponían, a sangre y fuego en todo el país.
Operaciones como «Trasnmilenio» que persiguieron a defensores de DDHH en todo el país, o la petición de los abogados para que el paramilitar conocido como «Tasmania» mintiera sobre los investigadores de la Corte Suprema como Iván Velásquez, la ubicación de micrófonos en las oficinas de la Corte y la llamada «Mata Hari del DAS» van quedando en la impunidad, pues muchos de los crímenes, poco a poco, han llegado a la prescripción sin avances claros y los responsables podrían quedar en libertad dado el precario trabajo de la Fiscalía.
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Además, operaciones como «Andrómeda» y los perfilamientos del ejército contra periodistas y opositores siguen en la impunidad pues los responsables han quedado sin ser nombrados y los castigos, al parecer, no han ido más allá de anuncios en la remoción de los cargos que ocupaban militares o civiles vinculados a los gobiernos de turno.
El trabajo de la acusación en las operaciones de espionaje ilegal han recaído sobre las víctimas
Uno de los casos en que se ejemplifica que el trabajo que debería hacer la fiscalía y que recae en las víctimas es el de Claudia Julieta Duque, quien gracias al trabajo de sus abogados y los diversos testimonios y pruebas que han podido recopilar a lo largo del tiempo, no sin dificultades de seguridad y de acceso a la información, han logrado que los crímenes por tortura psicológica, orquestados desde el DAS tengan a algunos de sus responsables en las cárceles.
Sobre estos temas han sido presentados, por las víctimas, varios informes a la JEP y a la CEV, en las que se busca que los responsables, casi todo ellos funcionarios del Estado, desde altos mandos militares, hasta funcionarios del alto gobierno, acudan a esas instancias para que se puedan aplicar las medidas de justicia restaurativa que implica el Sistema creado gracias al acuerdo de paz, sin embargo esa posibilidad paree no estar cerca, pues no es uno de los casos priorizados y los presuntos responsables siguen negándose a acudir o cuando acuden no aportan verdad completa como en los recientes casos de expresidentes ante esas entidades.
Lo cierto de todo este entramado de impunidad, es que a pesar de la condena contra Velázquez y Del Castillo, muchos de estos crímenes siguen sin castigo y sin justicia, y lo que es peor aún, según denuncias constantes de organizaciones de DDHH y personajes de la vida política, se siguen cometiendo, pues el Estado y los gobiernos no han implementado medidas de control de la inteligencia, y peor aún, parece que los organismos de seguridad del Estado estuvieran trabajando para intereses de grupos políticos específicos.
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