Quema de asentamiento Indígena Barrulia. Fotografía @Corpoclaretiana.
Durante esta semana, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, ha denunciado graves vulneraciones de Derechos Humanos en territorios ancestrales del municipio de Puerto Gaitán, Meta. En concreto se está realizando un operativo de desalojo que ha violentado a la comunidad indígena de una manera desproporcionada y con uso de fuego y disparos con armas de fuego por parte del ESMAD y con presencia aparente de actores ilegales.
Además de las violaciones actuales, perpetradas contra las comunidades indígenas que habitan esa región de la Orinoquía, Óscar Martínez, enlace de la organización, señaló que existe una deuda con los pueblos que acompañan, pues históricamente fueron despojadas y han sido sometidas a un exterminio étnico y cultural en medio del conflicto armado.
Desde enero de 2020, las comunidades indígenas Barrulia, Sikuani de Iwitsulibo, San Rafael Warrojo y Tsabilonia, han realizado un proceso de recuperación de tierras, las cuales además fueron el centro del accionar de grupos armados ilegales, particularmente grupos paramilitares, quienes causaron el desplazamiento de decenas de familias por medio del terror difundido en medio de las masacres cometidas contra la población.
La Corporación que adelanta diversos procesos en defensa de las comunidades en la Orinoquía, señaló que pesé al Decreto 23333 de 2014 de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en donde se plasman diversas disposiciones para respetar la ancestralidad de los pueblos étnicos, actualmente se ha amenazado con la expulsión de las familias del asentamiento, cuya titulación beneficiaría intereses ajenos a las comunidades.
Acaparamiento de tierras y amenazas constantes victimizan a la población
Óscar Martínez, además denunció que habría un acaparamiento de tierras por parte de colonias menonitas, las cuales junto a la Fuerza Pública han hostigado a las comunidades. Ayer, miércoles 20 de abril, se denunció que empresas de seguridad de carácter privado arremetieron contra los y las indígenas sin mediar palabras y con armas de fuego. La comunidad asustada tuvo que esconderse de los ataques que habrían provenido de personal de La Fazenda.
Ernesto Martínez o alías “Cajuche”, quién según la CCNPB y la misma comunidad tiene nexos paramilitares y de narcotráfico con las denominadas «cocinas», ingreso al territorio en enero de 2021 insistiendo a la Policía Nacional el desalojo de las comunidades y «advirtiendo» que si no se hacía de esa manera serían otros los medios para la expulsión.
En la mañana de este jueves 21 de abril, incluso se denunció la quema de los enseres básicos de la comunidad y de sus viviendas por parte de uniformados del ESMAD, quienes no contemplaron la situación humanitaria en la que se encontraría la comunidad tras las múltiples agresiones perpetradas.
En entrevista con Contagio Radio, Óscar Martínez denunció también que el papel de la Defensoría del Púeblo ha sido únicamente «notarial», como testigo de las vulneraciones de las que son víctimas los Pueblos indígenas tras el accionar policial y paramilitar. El enlace de la CCNPB, también manifestó que el abogado que representa a los titulantes de los predios les tomó fotografías directamente del rostro y los «amenazó» de ser líderes comunitarios, lo que representa un riesgo, no solo para las y los indígenas, sino para la misma organización.
Otras noticias:
Paramilitarismo y agresiones de la Fuerza Pública alarman en la Orinoquía según CINEP
No paran los asesinatos contra líderes sociales y excombatientes
