La renuncia de ocho miembros de la junta directiva de EPM el 11 de agosto, el nombramiento de tres nuevos miembros por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, este 18 de agosto y las múltiples denuncias por incumplimientos, amenazas y revictimización a los habitantes de Ituango y sus alrededores son hoy la punta del iceberg de esta empresa.
Un sin de puntos que debe responder EPM, una de las empresas más importantes del país, y que ha generado controversias dentro de los grupos políticos y empresariales antioqueños, e incluso nacionales que ponen el ojo ante el impacto social, ambiental y económico generado directa e indirectamente a todo el departamento.
«EPM se aprovecha de la situación de las personas que están aguantando hambre»
Mientras las noticias sobre la junta directiva de EPM llenaban todos los encabezados, este 13 de agosto miembros de la comunidad afectada por el proyecto Hidroituango informaron que personal de esta empresa se ha encargado de estigmatizar a los abogados que representan los intereses de los afectados en los procesos de reparación colectiva.
Señalando que, «es culpa de los abogados que se haya suspendido el acceso a las ayudas humanitarias», información que según el Movimiento Ríos Vivos, es completamente falsa y tendenciosa; aclarando que las ayudas humanitarias son absolutamente independientes a los derechos que se exigen de reparación integral y de Justicia que reclaman las víctimas.
William de Jesús Gutiérrez, secretario de la vereda El Astillero en el corregimiento de Puerto Valdivia y coordinador de Ríos Vivos Antioquia, señaló que en este tiempo de pandemia una de las situaciones que más le preocupan como vocero de las comunidades y defensor de Derechos Humanos, es que no les están ofreciendo garantías de retorno.
Afirmando que, «la forma de negociar con las comunidades es difícil, porque nos ponen cláusulas en donde tenemos que elegir entre aguantar hambre, o recibir lo que a ellos bien les parezca», esto frente a las diferentes cláusulas presentadas en los contratos que desconocen la realidad y las necesidades que enfrentan hoy las más de 15 municipios y 7 corregimientos afectados por el proyecto de Hidroituango.
«Me parece que estas negociaciones son algo arbitrarias, ¿cómo es posible que lo pongan uno a aguantar hambre como un acto de presión para que firme»
William de Jesús Gutiérrez |Habitante de Puerto Valdivia
Producto de estas acciones hacia las comunidades afectadas según William, muchos han tenido que renunciar a sus abogados para poder tener al menos un mínimo con que sostener a sus familias, situación que se da al mismo tiempo que EPM divulga noticias de que todo está bien y que las comunidades están recibiendo subsidios e incluso recuperando sus viviendas, en un retorno territorial en dónde no hay garantías de habitabilidad básicas como un hospital o un centro educativo.
«Es inimaginable pensar que una de las cláusulas dice que renunciamos al pasado presente y futuro en un contexto donde aún hay personas que lloran al recordar lo vivido»
William de Jesús Gutiérrez |Habitante de Puerto Valdivia
El defensor, finalmente señaló que es alarmante ver cómo las instituciones silencian ante las afectaciones ambientales que recorren gran parte del caudal del Río Cauca producto del impacto generado por Hidroituango, «nosotros pedimos que la institucionalidad no se haga de ojos ciegos ante la situación que vive nuestro amigo, el Río Cauca quién está muriendo, y junto a él morimos quienes por años hemos vivido a su lado».
¿Si no se protege EPM que es público, entonces que se protege?
Uno de los retos que tiene la defensa de lo público es que en las empresas qué hacen parte de este sector no respondan a los intereses del Gobierno de turno, sino que apelen más a una política pública qué beneficia al final de cuentas a quienes están siempre afectados a pesar de los cambios que se den en el Gobierno, y eso según Fredy agudelo abogado especialista en gerencia de servicios es lo que permitirá proteger a EPM a pesar de estar aportas de una quiebra.
Esto según el abogado es gran parte de la responsabilidad que tiene la junta directiva, «el papel es que una vez el gerente iniciar las acciones legales que parten por una conciliación como requisito legal, la junta evalúe si ese acuerdo conciliatorio le favorece Epm o no», pero según el abogado ocurre lo contrario, «el gerente tiene que pedirle permiso a la junta para tomar una acción legal en pro de salvaguardar los intereses patrimoniales de la empresa que son iguales a los intereses de la ciudadanía».
A su vez Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la paz y el desarrollo social señaló que mientras EPM muestra una cara amable externamente, al interior genera un desastre social, público y económico con un megaproyecto como Hidroituango, develando así en donde está los intereses particulares moviendo lo público para su beneficio.
«La lucha hoy es por democratizar las decisiones de EPM en junta qué le encabeza»
Fredy agudelo, abogado especialista en gerencia de servicios
Conclusión de esto según los analistas, es la deuda que hoy afecta a EPM, la cual está en un 57% de endeudamiento y se basa principalmente en el modelo de administración, una situación económica que pone en riesgo el patrimonio de la empresa y junto a ella el de Antioquia, «en una situación bastante preocupante y que aún tiende a empeorar», concluyó Quijano.
Entonces, ¿Quiénes deberían integrar la junta de EPM?
Luz Marina Munera, exconcejala de Medellín, y administradora pública, señaló que para evitar una centralización de poder en una de las empresas más importantes de Antioquia es necesario que este compuesta por; un representante de la academia, otro de organizaciones de usuarios de servicios públicos, una ONG y finalmente un representante de los grupos económicos, garantizando así una junta directiva que sea capaz de sentarse a pensar en la ética de lo público y no en intereses particulares.
«Necesitamos hombres y mujeres que se sienten a pensar en Antioquia, en las comunidades y en el montón de víctimas al cual deben responder producto del mal manejo de Hidroituango».
Luz Marina Munera, exconcejala de Medellín
«La principal discusión hoy debe ser el bienestar de los humildes»
Según Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, hoy las personas se encuentran sufriendo por culpa del proyecto hidroeléctrico hidroituango.
«¿De quién es hidroituango?, Si deben más de del 50% como nos van a decir que es público y aún más en manos de quién recae la responsabilidad de responder»
Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos
Agregando que la hidroeléctrico no es de EPM debido a que más del 60% de este proyecto corresponde a la deuda pública, afirmó que EPM no es de los antioqueños, puesto que no ha traído desarrollo en las comunidades de las zonas rurales, esto «a pesar de que saca todo de Antioquia, poco o nada le retribuido a departamento».
Zuleta también agregó que en materia de defensa de lo público lo único que le pertenece a la comunidad es el Río Cauca, el cual beneficia a más de 12 millones de personas, y hoy muchos de estos miles quedaron sin nada por culpa del gran impacto ambiental que hay en el río y lo que representaba para las comunidades en el tejido social.
¿Qué le espera entonces a las comunidades afectadas?
Finalmente Zuleta señaló que la administración actual de EPM, tenía cita con las comunidades el 8 de enero del 2020, compromiso al cual nunca llegaron, «nos dejaron plantados en el juzgado, entonces no es válido que hoy vengan a decir que la nueva junta es de los buenos y la de antes era de los malos».
Y argumentó que está junta tiene claridad sobre las medidas cautelares y lo que tenía que responder ante la vida, la integridad física y el mínimo vital, algo que ignoraron mientras que las comunidades siguen aguantando hambre. (Lo que hay detrás de los exmiembros de la Junta Directiva de EPM)
«No se puede lavar las manos diciendo quiénes son los buenos y los malos cuando nadie le ha respondido ni a la comunidad ni a la justicia».
Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos
Y concluyó diciendo que el panorama ante el cumplimiento de las medidas cautelares y la reparación a las comunidades, se ve opacada por una lucha de poderes en donde un grupo empresarial se cree superior a la justicia colombiana.
Vea el desarrollo completo de este programa en la emisión de Otra Mirada del 18 de julio:
