Más de cien comunidades y procesos organizativos enviaron una carta abierta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, saludando el Auto emitido por la JEP que estableció que en Colombia hubo al menos 6402 ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate entre el 2002 y 2008, y, exhortando a Uribe Vélez a reconocer y asumir los hechos sucedidos en su gobierno.
Además, aseguraron que fueron víctimas de «la crudeza política» de la seguridad democrática y recordaron que además de las ejecuciones extrajudiciales, contra sus procesos organizativos se realizaron «montajes judiciales, señalamientos y se profundizó la estigmatización.»
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Las ejecuciones extrajudiciales en el gobierno Uribe
Dentro de la misiva, aseguraron que, a pesar de que «uno de los rostros más dolorosos, trágicos y escabrozos» es el de los falsos positivos, denunciaron que muchas situaciones «inenarrables en su totalidad» aún se encuentran en la impunidad.
Asimismo, asegurar que desde los procesos sociales, comunitarios y de víctimas se conoce de la existencia de más casos de ejecuciones extrajudiciales que los reportados por la JEP, todo tipo de hechos violentos y fosas comunes.
Comunidades y procesos organizativos aseguraron que todos estos crímenes se desarrollaron «en medio de un proceso de reingeniería del paramilitarismo» a razón de un «silenciamiento» a los ex mandos paramilitares y los asesinatos de «más de 2.000 integrantes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC.»
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En este sentido, manifestaron que tienen la esperanza de que la JEP esclarezca todos los hechos mencionados anteriormente y sancione a los responsables que, contrario a la narrativa oficial «no son manzanas podridas».
«El caso 003 -del cual derivó el Auto de la JEP- nos revela la distorsión del ejercicio de la fuerza en un Estado formal de Derecho. Si queremos corregir el rumbo en nuestro país es necesario que esas verdades sean reconocidas y aceptadas, para que cambien las políticas»
Carta abierta a Álvaro Uribe Vélez
En aras del esclarecimiento de la verdad, también invitaron a los miembros de las fuerzas militares «que han tenido diálogos extrajudiciales con nosotras y nosotros, a mantenerse firmes en la enunciación de la verdad.»
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Exigen que se esclarezca la verdad
Con base en lo anterior, anunciaron que los procesos organizativos y comunidades «seguirán protegiéndoles y abogando ante la Jurisdicción Especial de Paz y ante la Comisión Ética Internacional de la Verdad, CEIV, para la protección de sus vidas, sus derechos y de los integrantes de sus familias.»
Saludamos a todos los militares que nos han manifestado su objeción a las órdenes y prácticas que se han realizado contra los derechos humanos a nombre de la doctrina de la seguridad nacional.
Carta abierta a Álvaro Uribe Vélez
En consecuencia, expresaron su solidaridad con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, especialmente las que representan a las comunidades «frente a la estigmatización pública que ha hecho el expresidente Uribe.»
En esa misma línea rechazaron la comunicación del general Zapateiro que «hace veladamente señalamientos contra las víctimas y las organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos.» De tal forma, se le invito a rectificar lo manifestado en sus redes sociales.
«Entendemos que decir la verdad genere este tipo de reacciones, pero por lo menos les invitamos a que estas se hagan de manera privada y que luego de la rabia y la falsa ceguera, abran su pensamiento su corazón a una autocrítica, No todas las cosas ni las políticas, ni las practicas derivadas de esas políticas de seguridad nacional han derivado en democracia profunda por el contrario ha sido lo contrario en el desprestigio de las propias fuerzas militares.»
Carta abierta a Álvaro Uribe Vélez
Uribe tiene un compromiso con la verdad
Finalmente manifestaron que como comunidades, en sus territorios, no conocen «El Estado de hecho sino de Derechos», según afirman, si no restablece ninguna confianza «hasta tanto no se hable y se reconozca la verdad, que hoy siguen empeñados en ocultar» no será posible «hacer un nuevo país.»
Dentro de la carta se estableció una invitación pública a Álvaro Uribe Vélez, para que «además de reconocer una situación real que ocurrió durante sus periodos de gobierno», asuma «las responsabilidades éticas que corresponden en un ejercicio de gobierno.»
