El conjunto de comunidades negras, indígenas y mestizas, que agrupa cerca de 100 procesos, y que vienen desde el 2018 desarrollando un proceso de diálogo desde las memorias de víctimas, militares, paramilitares, empresarios y ex integrantes de las FARC con miras a encontrar caminos de verdad y justicia restaurativa le pedirán a la Jurisdicción Especial de Paz que acepte a los integrantes de las organizaciones armadas para que incluya dentro de sus decisiones los resultados de dicho proceso que ha sido ejemplar.
Los “festivales de las memorias” han incluido encuentros de diversos actores y en diversas formas, como cenas, y hasta la instalación de Bosques de las Memorias, como un homenaje a las vidas humanas pero también las otras vidas que han sido silenciadas o exterminadas en la guerra y que hacen parte de la apuesta por las vidas que hacen en territorios colectivos, resguardos y lugares exclusivos de población civil.
En estos espacios las víctimas y los responsables han avanzado en la reparación a partir del encuentro entre humanos, han revelado parte de las verdades y han construido en conjunto unas rutas de reparación entre las que se encuentra la Universidad de Paz que es un espacio en el que los saberes de unos y otros se comparten para alcanzar métodos de entendimiento y reparación de los daños que puedan ser reparados.
Inteligencia militar, propuesta de solución del conflicto armado y otros temas ya tienen grandes avances
Los puntos cruciales sobre los que han reflexionado en conjunto han girado alrededor de temas como los hallazgos hasta hora publicados por organismos del SIVJRNR, los cambios que se deben hacer en materia de inteligencia militar, las propuestas en torno a las salidas a los conflictos armados existentes en el país, entre otros y por ello las comunidades consideran que estos aportes podrían ser muy valiosos en al momento actual.
Cabe recordar que desde 2018 las comunidades han facilitado la participación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que a través de su presencia se conozcan los importantes avances en que durante más de 30 años han tenido comunidades como las del Cacarica en cuanto al restablecimiento de sus derechos a la vida y al territorio.
En concreto las comunidades están pidiendo a la JEP que acepte la participación de cerca de 20 personas entre empresarios, ex paramilitares, ex integrantes de FARC y ex militares para que ellos puedan aportar a esas entidades y a otros grupos de víctimas con verdad y mecanismos concretos de justicia restaurativa.
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Militares, paramilitares y ex FARC han dialogado con las comunidades desde hace tiempo
En el listado se encuentran personas como Salvatore Mancuso, quien logró acercarse a esta posibilidad gracias al trabajo de las comunidades y la Comisión de Justicia y Paz que facilitó un primer acercamiento en el que se reveló parte de la verdad en el asesinato de Kimy Pernía Domicó, entre otros asuntos que aún no son de conocimiento público.
También se encuentran 4 militares, dos empresarios y más de 14 ex integrantes de grupos paramilitares que han manifestado su deseo de aportar con verdad al restablecimiento de los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto armado y por los intereses empresariales en sus territorios.
Las comunidades esperan que, a pesar de que muchas de ellas han sido excluidas de procesos de encuentro, de verdad y memorias que ellos mismos han iniciado, si se reconozcan sus esfuerzos y de las personas responsables para avanzar hacia la paz completa y con la centralidad en las víctimas que definió el Acuerdo de Paz.
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