Desde el 2 de noviembre, comunidades indígenas pertenecientes al resguardo indígena Páez del municipio de Corinto (Cauca) realizan una huelga de hambre frente a las instalaciones del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en protesta por el etnocidio estadístico cometido por esta entidad, al no incluir a gran parte de esa población en el censo realizado en el año 2018.
Por Redacción Contagio Radio
Bogotá. Las Comunidades indígenas aseguran que se vieron forzadas a tomaron esta medida de protesta debido a la falta de atención por parte de instituciones frente al etnocidio estadístico por parte del DANE. Así mismo, denuncian la grave situación de Derechos Humanos que se está viviendo en el norte del departamento del Cauca.
Desde el 2 de noviembre, están frente a las instalaciones del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en protesta por lo que ellas han denominado: etnocidio estadístico, al no incluir a gran parte de esa población en el censo realizado en el año 2018.
La no inclusión de gran parte de esta población en dicho censo, cuyos resultados fueron publicados en septiembre de 2019, ha traído graves afectaciones a sus derechos fundamentales. Esta problemática, también afecta a la población de otros 525 resguardos a nivel nacional.
Según un comunicado publicado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) el pasado 4 de noviembre, en el caso del resguardo Páez, el DANE “registró solo a 798 indígenas censadas en los polígonos de resguardo, mientras que los 12.120 restantes, ubicadas en territorio ancestral, fueron excluidos. Es decir, el 94% de la población del territorio fue desconocida”.
Consecuencias del etnocidio estadístico
Entre las principales afectaciones a estas comunidades, por cuenta de este etnocidio estadístico, según reza el comunicado, se encuentran: “el debilitamiento de la identidad del pueblo Nasa, la disminución de los recursos percibidos por el sistema general de participaciones, la exclusión de los y las comuneras en los programas sociales, así como las dificultades para resolver la situación militar y el acceso a formación universitaria de los y las jóvenes Nasa de Corinto”.
Tras agotar varias instancias y espacios de diálogo con entidades como Congreso de la República, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y el mismo DANE, representantes de este resguardo, respaldadas por las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la ACIN, decidieron realizar esta acción y declararse en asamblea permanente.
Vladímir Cocha, autoridad del resguardo Páez de Corinto, presente en la acción, manifestó que “(…) hemos encontrado en la parte jurídica y legislativa que existen muchos vacíos de interpretación y reconocimiento de muchos derechos adquiridos como pueblos étnicos”.
Frente a esto, también señaló que presentarán una propuesta de solución a esta problemática ante el Congreso de la República, simultáneo a las mesas técnicas que vienen sosteniendo delegados del Gobierno nacional.
“Estamos a la espera de que si no hay una solución (…), movilizaríamos más personal, la comunidad está totalmente dispuesta y están listos para poder salir hacia acá la ciudad de Bogotá y hacer el plantón más grande, la incidencia, un poco más fuerte”, finalizó Cocha.
Denuncian grave situación humanitaria en el norte del Cauca
El pasado 6 de noviembre, la ACIN denunció, mediante un comunicado público, la grave situación que están viviendo las comunidades en diferentes territorios del norte del departamento del Cauca, donde ese mismo día, en horas de la tarde, se presentaron enfrentamientos entre un grupo armado sin identificar y la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC en el territorio ancestral Munchique Los Tigres, zona rural del municipio de Santander de Quilichao.
Este hecho hizo que más de 40 familias, residentes en la zona, tuvieran que confinarse por varias horas en sus viviendas. Esto, pese al cese al fuego pactado entre ese grupo y el Gobierno nacional el pasado mes de octubre.
A este hecho se suma una seguidilla de afectaciones a las comunidades durante el fin de semana del 4 y 5 de noviembre, como lo fue el asesinato de cuatro personas en zona rural de Santander de Quilichao, de otras en zona rural del municipio de Miranda y de constantes persecuciones a líderes y comuneros indígenas.
Las comunidades hicieron un llamado al gobierno nacional y disidencias de las FARC para que se evalúen estos hechos dentro del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego conformado por ambas partes en el marco de la mesa de diálogos, actualmente, suspendida.
