Comunidad negra de San Antonio de Guadual, Fotografía cortesía de la Comisión de Justicia y Paz.
La Comisión de Justicia y Paz, nuevamente denuncia que comunidades están en medio de combates de grupos armados. Esta vez la organización advirtió que, la comunidad negra de San Antonio de Guadual y la comunidad Wounaan Nonam del resguardo Santa Rosa de Guayacán en Buenaventura, Cauca.
En la zona, la población civil ha venido siendo victima de los enfrentamiento entre la guerrilla del ELN (Ejercito de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo, autodenominado AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según la información de Justicia y Paz, más de 120 personas del resguardo Santa Rosa de Guayacán han quedado en medio del fuego cruzado y se ubican de manera provisional en una escuela y un Salón Comunal.
Este 24 de noviembre, en el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, familias negras tuvieron que abandonar sus hogares, pues desde el pasado 22 de noviembre, el Clan del Golfo ha hecho presencia en su caseríos y han obligado a la población desplazarse hacia Buenaventura.
La comunidad indígena, también está contemplando el partir de sus territorios antes el riesgo que implica la presencia de los armados para 150 personas, entre las que se cuentan a varios jóvenes, niños y niñas. «La comunidad Wounaan Nonam del Resguardo Humanitario Santa Rosa de Guayacán en este momento se encuentra rodeada por las AGC que permanecen en la quebrada Guadual muy cerca del caserío indígena y por el ELN. Ante esta situación la comunidad indígena ha exigido el retiro inmediato del alrededor de su caserío a la guerrilla del ELN», manifestó la Comisión de Justicia y Paz.
Hoy con la carta abierta número 36 de la agrupación de comunidades, Somos Génesis, representada por JYP, conmemoró el aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en Bogotá y reiteró que es indispensable que se entable un Acuerdo Humanitario Global que garantice la protección de la población inocente y la de los combatientes legales e ilegales. Además, el AHG, lograría que la violencia impartida por grupos armados que se disputan los territorios antes ocupados por las FARC preserve el cumplimiento de los DDHH y el DIH.
La comisión, que además señala que el Gobierno Nacional ha hecho oídos sordos a las propuesta comunitarias, también lo hizo responsable por lo que pueda acontecer en estos próximos días. «Se asume desde ya la responsabilidad estatal y gubernamental ante su inacción para proteger a la población desde hace más de cuatro meses cuando se incrementaron un operaciones armadas en el territorio afrocolombiano e indígena de San Juan, (Chocó) y Calima (Valle)», agregó en su denuncia JYP.
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