Comunidad indígena Wounaan Nonam desplazada en Buenaventura. Fotografía cortesía de la Comisión de Justicia y Paz.
La situación de la comunidad indígena Wounaan Nonam empeora con la indiferencia del Gobierno Nacional, como denunció la Comisión de Justicia y Paz. Aunque desde hace cuatro meses se advirtió de la presencia armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan del Golfo, la única respuesta estatal dada, fue la presencia de las Fuerzas Armadas, que también entraron en combate, agravando la situación en la zona del Río Calima.
La Comisión de Justicia y Paz, que acompaña a la comunidad desplazada, señaló que desde la semana pasada iniciaron los combates que pusieron en riesgo a la población civil inocente. El pasado jueves 25 de noviembre, decenas de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares pues quedaron en medio del fuego cruzado.
De acuerdo al secretario de la comunidad y voluntario promotor de salud, Guimer Quiro, la incursión del Clan del Golfo inició el 22 de noviembre, «donde nos obligan a prestar elementos para salir donde están los otros señores (…) La comunidad no se prestó para eso y luego cuando volvieron estaban armados con armas cortas y largas. Regresaron a la media hora, nuevamente a intimidar a la gente de la comunidad diciendo que les den para la gasolina».
Guimer Quiro, también manifestó que aunque la población civil no quería verse envuelta en el conflicto entre los grupos armados, temía que la comunidad siguiera en medio de la disputa, representando un riesgo directo para la vida de las personas que la conforman.
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154 personas son víctimas del desplazamiento y de la indiferencia estatal
Guimer Quiro, también contó para nuestro medio, que son 154 los hombres, mujeres, niños, niñas, embarazadas y adultos mayores las víctimas del desplazamiento forzado y quienes tuvieron que partir hacia el casco urbano de Buenaventura. Tal como lo constató la Comisión de Justicia y Paz, las familias se «encuentran sin la debida atención humanitaria por parte de las entidades gubernamentales competentes, conforme a la ley 387 de atención a desplazados».
La organización, también manifestó que 108 de los y las desplazadas, se encuentran «hacinadas en una caseta comunitaria del barrio Olímpico y un resto de 46 han buscado refugio donde amigos y familiares en distintos barrios de Buenaventura».
«No hay ninguna atención por parte de la alcaldía. La Unidad de Víctimas solo llega y sale (…) No tenemos agua, no tenemos atención, no tenemos platos, no tenemos ollas, no tenemos nada de cocina (…) Estamos sin agua, sin implementos de cocina», manifestó el secretario de la comunidad. «Estamos en un lugar muy peligroso, no podemos salir a comprar algo de comida. En este momento desde que llegamos no hay presencia de la Alcaldía», agregó.
Justicia y Paz, informó que la Unidad de Víctimas proporcionó un escasa remesa para las más de 100 personas hacinadas, la cual ya se agotó; la alcaldía, únicamente suministró algunas colchonetas y sábanas; la Secretaría de Salud solo se limitó a tomar un censo y por su parte la Defensoría del Pueblo, tomó declaraciones indagando las causas del desplazamiento. «No es suficiente para darle a las personas desplazadas», aseveró Guimer.
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Comunidades insisten en que se cumpla el Acuerdo de Paz y se realice el Acuerdo Humanitario Global
Guimer Quiro, también afirmó que la Comisión de Justicia y Paz ha sido la única organización que los ha acompañado y apoyado a visibilizar que otras cuatro comunidades también fueron desplazadas. De hecho, JYP, acompaña a Somos Génesis, donde el Pueblo Wounaan Nonam es firmante y en donde piden la realización de un Acuerdo Humanitario Global que preserve la vida de las comunidades y de los combatientes de grupos legales e ilegales.
El líder indígena, además de pedir que esta información se difunda para dar pronta respuesta a los problemas de los que son víctimas, también se refirió a la implementación del Acuerdo de Paz entre las y afirmó «pensamos que la situación se iba a mejorar, pero está empeorando. Ahora nosotros nos ponemos a analizar y en el territorio antes no había AGC (…) Están tomando territorio donde las FARC estaban controlando».
Las comunidades esperan aún que el Gobierno Nacional responda las más de 35 cartas enviadas en las que expresan su propuesta comunitaria para proteger la vida en los territorios por medio de AHG.
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