Fotografía Cortesía.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos presentó, el pasado 10 de mayo, el informe “Criminalización de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia”, que registró la judicialización de 86 defensoras y defensores de DDHH entre julio 2019 y noviembre 2021.
La investigación señala que en Colombia “la defensa de los derechos humanos constituye una labor riesgosa no solo evidente en las abrumadoras cifras de homicidios y amenazas, sino también en las campañas de desprestigio”.
Durante el periodo abordado, correspondiente a la presidencia de Iván Duque, las judicializaciones contra los defensores de derechos humanos se incrementaron en 165%, lo que, según el informe, hacía parte de una estrategia para desprestigiar la protesta social que se estaba llevando a cabo.
“El 2021 ha sido un año en el cual se estigmatizó de manera contundente la protesta social y a quienes defienden los derechos humanos”.
El 35% de los judicializados fueron jóvenes, el 31% se desempeñaba en la defensa de comunidades y el ambiente, el 17% eran líderes comunitarios y otro 17% exguerrilleros. A nivel geográfico las áreas más afectadas por el fenómeno fueron Bogotá, en donde fueron judicializados el 18% de los defensores, Nariño (17 %) y Arauca (14 %).
El Comité hizo referencia, en la presentación del informe, a diferentes casos de detenciones controvertidas. Uno de ellos es relacionado a la judicialización de David Ravelo Gutiérrez, Jaime Hernando Olarte, Yéiner Alexander Avendaño, Víctor Hugo Ruiz, Yeison Franco y Julio Martínez Táutiva, defensores de derechos humanos acusados por la Fiscalía de ser integrantes de las disidencias de las extintas FARC-EP e imputados de concierto para delinquir con fines terroristas.
“Las acusaciones de la Fiscalía se estructuran desde una visión que percibe el ejercicio de la movilización social como alteración de la institucionalidad y del orden público, lo que ha hecho parte de un ejercicio de estigmatización”, señaló el Comité.
El aumento de la militarización, ordenado por el ejecutivo del Presidente Duque, ha sido fuertemente cuestionado. Esta dinámica es responsable de alimentar el conflicto armado en lugar de impedirlo a través de negociaciones, ya que desde la firma del Acuerdo de Paz al 20 de noviembre de 2021, 1.270 líderes y 299 personas firmantes de paz han sido asesinadas.
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