En una comunicación conocida este 6 de mayo, organizaciones de DDHH y sociales de carácter ambiental e internacional, exigieron protección, respeto y reconocimiento a la labor de la Comisión de Justicia y Paz y a Danilo Rueda, su representante legal, dados los ataques que esa organización sigue sufriendo por parte de congresistas y sectores de la extrema derecha, que se han agudizado tras los señalamientos a Danilo Rueda en la visita que realizó a la cárcel Picota junto a Juan Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro.
En el comunicado, las organizaciones de diversas procedencias como Holanda, Italia, EEUU, México, Paraguay, Brasil, Ecuador, Sierra Leona, Filipinas, Nepal, Irlanda, Reino Unido y Colombia, aseguran que tras dicha visita, en ejercicio de la labor humanitaria de la Comisión de Justicia y Paz, se han agudizado los señalamientos, la estigmatización y las amenazas en contra de Danilo Rueda y de todo el equipo de la organización de DDHH.
Las organizaciones reconocen la labor de JyP y la tradición en la defensa de os DDHH, la protección de testigos y la búsqueda de la garantía de los derechos de las víctimas. En ello, señalan, la organización lleva más de 30 años, labor que ha sido intachable. Además, resaltan la defensa de los territorios de las comunidades que se ven amenazadas por proyectos de palma, banano y por la acción de actores armados que permanecen en los territorios.
Según las organizaciones firmantes, hay personas del partido de gobierno, que ocupan cargos en el congreso, que han ambientado una serie de ataques que se perciben como una campaña de desprestigio que pone en riesgo la de defensa de los DDHH y la vida de los integrantes de la organizaciones pues los asocian con propuestas que no tienen relación con la labor humanitaria desarrollada desde hace más de 30 años por JyP.
Por ello, instaron al gobierno colombiano y al Estado a cumplir con el compromiso internacional adquirido en la ONU de protección y reconocimiento de la labor de los defensores de DDHH y en especial de la Comisión de Justicia y Paz que sigue siendo uno de los blancos de los ataques desde políticos de orden nacional.
Adicionalmente, piden al Estado colombiano «Investigar sobre los procedimientos que hayan permitido la grabación en espacios no permitidos y los responsables de estas filtraciones que ponen en grave riesgo la integridad física de las personas defensoras a la vez que interfieren y perjudican su labor legal y legítima
de defensa de los derechos humanos.»
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