Comunidad San Juan, Chocó. Fotografía Contagio Radio.
Desde agosto, la Comisión de Justicia y Paz ha denunciado la grave situación que atraviesan las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas del Litoral San Juan, el Medio y Bajo Baudó en el departamento del Chocó. Sobre las seis de la tarde de ayer, 13 de septiembre, se presentaron nuevos combates entre grupos armados que se disputan el territorio dentro de la comunidad de San Miguel.
En los últimos tres días, 10 familias de Isla de la Cruz y San Miguel, tuvieron que abandonar el territorio y desplazarse hacia el municipio de Istmina, donde también se alojan más 80 familias de la comunidad indígena Wounaan de Unión Agua Clara que también fueron desplazadas de manera forzoda.
Según el Consejo Comunitario General del San Juan, ACADESAN, Istmina, Bajo y Medio San Juan, el Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita son los lugares donde las comunidades afrocolombianas han sido más afectadas por la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, que según las advertencias de la Comisión de Justicia y Paz, se han acercado a los territorios desde febrero, sin que la Fuerza Pública y la institucionalidad lo evite.
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Se siguen vulnerando derechos fundamentales de las comunidades de San Juan
Dentro de las restricciones de los grupos armados continúan las restricciones de libre movilidad, el acceso a bienes y servicios esenciales que, según ACADESAN, afecta al menos a 1.391 personas de comunidades afro; el desplazamiento forzado de 965 familias (1.227 personas), que se albergan ahora en comunidades aledañas o en la zona urbana del municipio de Istmina; lesiones por minas antipersona, que ya afectaron a un miembro de la comunidad de Dipurdú.
Además la Comisión de Justicia y Paz, denunció el asesinato de un indígena Wounnan en el Resguardo Playa Linda sobre el río Orpúa, en la localidad de Pizarro y el confinamiento de 99 familias (456 personas) del resguardo Indígena Wounaan de Unión Agua Clara y el Río Pichimá.
Lo anterior sin embargo, no es una situación que solamente se presenta en la actualidad, desde 2016, las comunidades fueron obligadas a abandonar sus hogares y han sido usadas como escudos humanos por parte de los armados. Tanto las comunidades indígenas y afro siguen insistiendo en el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, el no vincular a los civiles en las disputas y el cese al fuego de los grupos ilegales y legales como se busca en el Acuerdo Humanitario Global que han propuesto varias comunidades en todo el territorio nacional.
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