Fotografía Colprensa
El jueves 28 de marzo la Corporación Jurídica Libertad – CJL presentó un informe denominado Resistir para Vivir: Agresiones a la Protesta Social en Antioquia 2017- 2021, en el que, a través de una investigación, dio a conocer cifras y análisis de violencia policial contra manifestantes.
El abogado de la CJL, Leyder Perdomo, fue quien mostró en el evento los hallazgos de la investigación que abarcó los años 2017 – 2021, es decir, desde la implementación del acuerdo de paz y el gobierno de Iván Duque.
Perdomo señaló que a partir de ese periodo hubo más de 2300 agresiones certificadas en contra de la protesta social en el departamento de Antioquia: “encontramos que el estado colombiano tiene definitivamente como blanco principal de agresión los contextos de protesta a la libertad de las personas”. Las privaciones de libertad se llevaron a cabo contra quien participaron de la protesta, defensores de derechos humanos, periodistas y médicos.
Además, personas, en el entorno de las protestas pero no directamente vinculadas con ellas, sufrieron ataques. El 64%, es decir 1514, del total de los hechos registrados en el periodo de análisis tuvieron que ver con agresiones contra la libertad.
Judicializaciones y desapariciones
Uno de los mecanismos de persecución de los participantes de las protestas llevados a cabo por parte de la fuerza pública es la judicialización. En el periodo analizado se conocieron 76 casos de judicialización, “de estos no existe una sentencia condenatoria contra las personas, no obstante, es una expresión común que suele utilizarse de empapelar a las personas”. Lo que sí es demostrable, sostuvo Perdomo, es que se trata de casos de agresión policial contra quienes participan de las protestas.
Otro patrón constante de las manifestaciones son las desapariciones. En el contexto del Paro Nacional se reportaron 334 casos, dentro de ellos 270 personas aparecieron con vida, 63 siguen desaparecidas, mientras que una persona apareció muerta.
También se produjeron en este contexto desapariciones forzadas transitorias, en las que la policía privó a personas de su libertad, los incomunicó, y negó u ocultó su destino. Esta práctica, que el abogado Perdomo asegura que se remontan a los años 70, no tiene necesariamente un carácter fatal, pero el hecho de privar de la libertad, incomunicar y negar el destino o la suerte de la persona, constituye ya una desaparición forzada.
El traslado de protección
Otro gran problema que el informe destaca en las protestas, es el relativo a la medida del traslado de protección. Dicho mecanismo se autorizó con la promulgación de la ley 1801 de 2016 (el llamado código de policía), que en su artículo 155 otorga a la policía el poder de trasladar una persona que esté en estado de vulnerabilidad o que ponga en vulnerabilidad a otras para protegerlas. Esta medida ha sido utilizada en las manifestaciones para privar arbitrariamente de la libertad a las personas. En vez que ser utilizada como un mecanismo de protección constituye hoy en día un medio para sancionar.
En los trayectos hacia los centros de traslado de protección las personas, como relatado por las víctimas, son objeto de recriminación por haber participado de la protesta, regañados, insultados, amenazados o hasta golpeados.
Leyder Perdomo
Agresiones contra la integridad de la persona
406 son los casos de agresiones físicas contra la dignidad e integridad de las y los participantes de la protesta. Se señalan 207 hechos de torturas y tratos crueles, lesiones personales perpetradas por integrantes de la fuerza pública y actores ilegales o civiles, como ocurrido también en la ciudad de Cali. El uso inadecuado de las armas “menos letales” se volvió cada vez más frecuente con disparos directos contra las personas que han causados entre otras consecuencias mutilaciones oculares. “Estos hechos” señaló Leyder Perdomo, “representan acciones deliberadas de castigo, de sanción, porque pretenden producir dolor intenso con distintas finalidades, dolores físicos o psicológicos”.
Las agresiones contra la protesta social en general en el periodo de análisis en el departamento de Antioquia suman 367 casos. Estas agresiones abarcan hechos como obstrucción a la labor de prensa, de derechos humanos y labor médica y acciones violentas contra el patrimonio de las personas (hurto de pertenencias, daño de pertenencias, acción de dañar a las personas que participan de la protesta y obstruir la labor de la prensa con el hurto de celulares o cámaras). El informe destaca que la agresión a la protesta también ha cobrado vidas: al menos dos personas fueron asesinadas en el periodo de análisis.
La militarización en el marco de las protestas es supremamente evidente. En las zonas rurales de Antioquia es una constante sobre todo en el contexto de la negociación e implementación del acuerdo de paz, a partir del cual ha habido un resurgir de la acción social. Son comunes las acciones de protesta que tienen que ver con la reivindicación y la exigencia de la aplicación de la implementación de los puntos relativos a las zonas rurales del acuerdo de paz. Contra estas acciones existe un amplio número de agresiones o hostigamientos colectivos, acción de obstrucción a la protesta que tiene que ver también con la acción militar contra los manifestantes.
La violencia basada en genero también ha sido un patrón de agresión relevado por el informe, que destaca 5 tipologías en los hechos registrados, la mayoría en contra de mujeres o integrantes del movimiento LGBTQ+: hechos de violencia sexual, hechos de agresión física, violencia psicológica, violencia económica (destrucción de los bienes), torturas.
Lo que es perceptible a nivel etiológico acerca de este informe y de la violencia propinada por policía y paramilitares contra los manifestantes de la protesta social es que hay una “inversión del principio de legalidad”. Las medidas emprendidas “no tienen como objetivo prohibir, limitar o contener el accionar del Estado, sino promoverlo”. El mecanismo del traslado de protección es un ejemplo emblemático de tal accionar.
Secuelas psicológicas
A nivel sicosocial dichas agresiones policiales o militares producen secuelas no fácilmente superables. Las víctimas sufren “frustración, impotencia, miedo, dolor, irritación, dudas y cuestionamiento de la identidad propia por el hecho de haber participado en las protestas y sufrir daños”. Sobre todo, el sentimiento de culpa es lo que acaba poniendo en los manifestantes la duda de legitimidad de lo que han hecho protestando, aunque hayan ejercido un derecho constitucionalmente otorgado.
Estrategias para afrontar dichos trastornos abarcan la espiritualidad, la búsqueda de esclarecimiento, el contacto familiar o de amistades, espacios colectivos en búsqueda de paridad con otras víctimas y acompañamiento psicosocial. Actividades que se necesitan y que el informe destaca como requeridas en este sentido son el reforzamiento de círculos personales de apoyo, el acompañamiento jurídico, la escucha y validación de las emociones y el reconocimiento social de la injusticia, también a través del arte.
Especialmente el arte, concluyó el abogado Leyder Perdomo, ayuda a transmitir una cadena de transmisión del mensaje de reivindicación que sea transversal:
A través del arte las personas quieren llegar incluso hacia otros u otras que no hacen parte de la protesta. Superar los confines de la marcha y llegar a otros a partir de un discurso de estigmatización de la violencia para generar denuncias colectivas.
Leyder Perdomo
El evento de presentación del informe se concluyó con testimonios directos de violencia policial en el marco de la protesta social en Antioquia en el periodo de investigación.
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