Diferentes organizaciones sociales de la sociedad civil presentaron un comunicado en el que resaltan cinco puntos preocupantes en cuanto al nuevo decreto que regula el uso de la fuerza pública en las manifestaciones sociales. Estas organizaciones afirman que esta reglamentación puede llegar a ser una declaración de principios que en lo operativo no modifica de forma sustancial ningún aspecto en la actuación de la Policía Nacional, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada.
En el marco del Paro Nacional del 2019 varias organizaciones sociales presentaron una acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales de los manifestantes. A partir de esta acción, la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020, la cual ordena al presidente de la República convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones. Lea también: Abusos de la Fuerza Pública son una constante.
Entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2020 estas organizaciones hicieron presencia en la Mesa de Trabajo, para dar cumplimiento a la sentencia, antes mencionada. En estas semanas se discutió y analizó con los representantes del Gobierno nacional, un conjunto de hechos sobre la actuación de las autoridades de Policía antes, durante y después de las manifestaciones públicas.
Sin embargo, varios de los puntos dialogados en la reunión no fueron tenidos en cuenta al momento de expedir el decreto.
No hay intención real del gobierno para debatir la formación policial
La primera preocupación que manifiestan tiene que ver con la posibilidad de revisar las directrices del uso de la fuerza pública con el fin de iniciar una reestructuración, pues las actuales resultan ser insuficientes y permisivas para el abuso y exceso de la fuerza pública. Las pautas sobre el uso de las armas de letalidad reducida son muy generales.
El segundo punto aborda la negativa que se tiene de que la ciudadanía y organizaciones externas a la policía puedan revisar las fichas académicas para la formación y capacitación de funcionarios de la policía. Así como la posibilidad de tener participación en los puestos de mando unificado.
En tercer lugar, afirman que no se logró un consenso para determinar y regular de manera clara el papel de las fuerzas militares en las movilizaciones sociales.
Decreto sobre protesta social no protege la labor periodística
También, resaltan como cuarta preocupación el respeto a la misión periodística y a la labor de documentación, ya que no se llego a un consenso en cuanto al respeto de estas personas en medio de su labor cuando se concentran los focos de violencia.
Por último, preocupa el tema de la limitación de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones, y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos ejerzan una labor de verificación.
<<Denunciamos que la actitud del Gobierno nacional en lo atinente a su férrea oposición de discutir y debatir estos temas, a la luz de las recomendaciones internacionales y de instancias judiciales, resulta ser una grave restricción del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo.>>
Organizaciones sociales
Las Organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, hacen un importante llamado al gobierno colombiano para que exista una verdadera regulación del uso de la fuerza pública en las movilizaciones sociales, y así mismo se les garantice a los manifestantes el derecho a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y el debido proceso.
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