Un comunicado firmado por la dirección del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, Amauri Gutierrez, ubicado en el municipio de Pondores, en el Guajira se expresa la dramática realidad que viven quienes se mantienen firmes en su compromiso por la paz en dichos espacios. Sin alimentos, sin proyectos productivos funcionales por las vías de acceso y con seguridad precaria se mantienen los excombatientes, a pesar de que la reincorporación es, según el gobierno, el punto más avanzado del acuerdo de paz.
Según la denuncia, hay una nueva unión temporal que está «abasteciendo» los alimentos a los ETCR y que ha reducido considerablemente las raciones para las personas reincorporadas a menos de la mitad de las raciones. Se trata de la UT FCP 2021, que es representada por Javier Fontalvo, con quien han intentado dialogar para poner de manifiesto las necesidades en materia de alimentación que están enfrentando debido a los recortes, sin embargo, no se pudo llegar a ningún acuerdo.
Por estas razones los integrantes de los ETCR aseguran que está situación es generada por una decisión del gobierno nacional, que traduce la intensión de acabar con el acuerdo de paz, dado que reducir las raciones o evitar que los niños y niñas habitantes de esos espacios consuman leche, azúcar y otros alimentos que han sido recortados a menos de la mitad, es otra manera de hacer trizas el acuerdo.
«Además que no se esté garantizando el buen estado y preservación de los víveres pues a la gente ya le toca sacar pocillos y tarros para dividir leche en polvo o aceite y demás productos para que alcancen para todos»
A esta problemática se suma la de las llamadas NAR o Nuevas Áreas de Reincorporación en las que han decidido vivir algunos de los integrantes de las FARC que carecen de los servicios básicos, el acceso a la alimentación es limitada y no hay acceso a la tierra para el desarrollo de los proyectos productivos que requieren una garantía formal territorial.
Según asegura la CSIVI Comunes, de las personas en proceso de reincorporación para quienes debería estar garantizado el acceso a la tierra, solamente el 0.3% ha podido formalizar la propiedad colectiva, mientras que la meta se estableció en 3 millones de hectáreas, es decir, que el nivel de incumplimiento en este punto es prácticamente del 100%.
La situación de seguridad en los ETCR y para reincorporados es precaria
Tal vez una de las situaciones que más preocupa a la comunidad de reincorporados y a las organizaciones nacionales e internacionales es la que tiene que ver con la seguridad de los ex combatientes. Hasta el momento el desangre se mantiene constante y no hay claridad acerca de las investigaciones para evitar la impunidad en los crímenes contra ex integrantes de las FARC.
Según las cifras de organizaciones de DDHH y el mismo partido COMUNES desde la firma del acuerdo de paz, en Septiembre de 2016, han sido asesinados 285 personas que se acogieron al acuerdo, además por lo menos en 20 casos, las víctimas de los ataques han sido los familiares.
Sobre este tema tampoco hay decisiones por parte del gobierno que permitan el esclarecimiento de los crímenes y la desarticulación de los grupos y patrones que permiten los asesinatos. Por ejemplo, hasta Marzo de 2021, la Unidad de Investigación de la Fiscalía, según la JEP, solamente tenía 33 procesos abiertos por los cerca de 270 asesinados de que dan cuenta las organizaciones de DDHH, lo que consiste en un porcentaje cercano al 15% de investigaciones abiertas con ordenes de captura contra los presuntos responsables.
Sobre esta situación, la JEP ordenó medidas de protección urgentes para garantizar la vida de los excombatientes consistentes en entrega de resultados de las investigaciones, esquemas de protección y planes de seguridad que permitan prevenir nuevos crímenes.
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