CIDH se pronunció tras el impacto del paro armado de las AGC. Fotografía MOVILH.
A pesar de que la acción de protesta del Clan del Golfo se levantó, los impactos del paro armado de las AGC, como también es conocido el grupo, develó con mayor claridad el control territorial que ejercen en Colombia. Pese a las afirmaciones del presidente Iván Duque y el Ministerio de Defensa, el grupo perpetró múltiples vulneraciones de Derechos Humanos, sin que la población encontrara el respaldo de las instituciones o que el Gobierno pudiese evitar dichos hechos.
En la tarde de este viernes 20 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se pronunció precisamente sobre el paro, denunciando que como ente internacional también tienen conocimiento de que 178 municipios fueron gravemente afectados, tal como denunciaron organizaciones colombianas.
La CIDH denunció además que registran «24 homicidios selectivos y 15 tentativas de homicidio; 138 comunidades en situación de confinamiento; agresiones a 10 medios de comunicación local; 5 ataques a misiones humanitarias; 22 ataques contra la fuerza pública, incluyendo el asesinato de 2 de sus integrantes; amenazas y hostigamientos a la población; restricciones al funcionamiento de instituciones públicas; cierre de comercios y desabastecimiento de alimentos; y la interceptación e incineración de vehículos de transporte público».
El organismo manifestó «preocupación» por «los impactos particulares en comunidades rurales afrodescendientes, campesinas e indígenas, así como los efectos psicosociales en la población«, y recalcó la necesidad de que el Acuerdo de Paz pase de un cumplimiento del 35% a su totalidad.
«En este contexto, la CIDH reitera su plena convicción sobre la necesidad de que el Estado implemente de manera integral el Acuerdo de Paz a los efectos de fortalecer el proceso de pacificación del país y combatir las causas estructurales de la violencia. En particular, los puntos referentes a la Reforma Rural Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, entre cuyos objetivos se encuentran mitigar las actividades económicas que financian el accionar de los grupos armados no estatales».
CIDH.
Finalmente la CIDH pidió a Colombia garantizar la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas, «los Estados tienen obligaciones positivas directamente relacionadas con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción. El Estado de Colombia debe implementar acciones de prevención y medidas operativas eficaces que, sin perjuicio de su carácter universal, deben dedicar una especial atención a las personas, grupos y comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad«.
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